Se aprobó en la Cámara de Representantes, en último debate, la controvertida reforma la justicia; solo queda pendiente la conciliación de los textos aprobados en ambas cámaras para que se convierta en Ley de la República. El proyecto es la fusión de varias iniciativas de origen en el Ministerio de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura y un grupo de congresistas; uno de los muchos intentos por reformar la administración de justicia, mal concebida en la Constitución del 91.

Hemos sostenido que no es la reforma que se requiere y no apunta a solucionar los verdaderos problemas que aquejan a esta rama del poder público. Sin embargo, miremos en esta ocasión algunos aspectos que pueden rescatarse.    Hay algunos temas importantes, como institucionalizar el expediente digital para facilitar su consulta. Develó la pandemia que el futuro de la administración de justicia está en la virtualidad; la actuación procesal por esta vía tecnológica se impondrá en adelante; está llamada a convertirse en el género del procedimiento judicial. La pretendida oralidad quedó atrás; en adelante se impondrá el proceso en la red, la actuación escrita y por mensaje de datos; dejando las actuaciones orales para plataformas tecnológicas solo cuando sea estrictamente necesario en las prácticas probatorias para decepcionar declaraciones.  

La equidad de género también encontró su espacio para las elecciones de magistrados en las altas cortes. Aunque con ello no se soluciona ningún problema de la administración de justicia, se hace realidad un viejo reclamo para que la composición de los tribunales colegiados se haga paritariamente entre hombres y mujeres.

Como un verdadero despropósito se tiene el aumento del presupuesto en tres billones de pesos, creando cargos en todos los niveles, en momentos de pandemia, donde los recursos disponibles deberían tener un destino prioritario hacia el sector salud. Nadie pone en duda la necesidad de recursos para la administración de justicia, pero no es el momento. Hasta ahora no ha llamado este aspecto la atención de los amigos del paro, lo que podría darles combustible para “reencender la mecha”.

Variar las condiciones para acceder a algunos cargos son aspectos controversiales de la reforma; cambiar los  requisitos constitucionales para Contralor, Defensor del Pueblo y Fiscal es algo que no puede hacerse por ley y requiere reforma constitucional. En este punto el mismo Consejo Superior de la Judicatura efectuó sus reparos, advertencia que, además, realizó el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Estamos a punto de tener una reforma a la administración de justicia, con la cual o sin la cual, las cosas seguirán prácticamente iguales.

Otra reforma aprobada en esta materia es la cadena perpetua para violadores, que ya alienta apuestas para saber si pasará el examen de exequibilidad. Todo dependerá de la cuerda ideológica en la Corte Constitucional. La línea ultraconservadora se inclinará por la conformidad con la Constitución, pero la trinchera más garantista advertirá sobre la inutilidad de una pena infamante, que no propende por la rehabilitación de la persona. Amanecerá y veremos.