Un martes de 1929 el mercado norteamericano sufrió una de las mayores caídas de su historia. El crac definitivo que dio origen a la Gran Depresión y que no solo supuso un derrumbe económico sino una catástrofe demoledora para la sociedad estadounidense, se conoció desde entonces como el “Martes Negro” (Black Tuesday) y sin duda fue un período que puso a prueba la capacidad de resiliencia del pueblo de Estados Unidos.

El martes pasado, en Colombia vivimos nuestro propio “Martes Negro”. Nada tuvo que ver con la caída del mercado valores como le sucedió a nuestros vecinos del norte del continente ni tampoco con esa fecha de compras desbocadas que coloquialmente tantos de nosotros reconocemos por la misma expresión. Mucho tuvo que ver, en cambio, con lo ímpetus autócratas del gobierno de Gustavo Petro que poco a poco ha ido extendiendo sus tentáculos hasta ir carcomiendo cada institución de nuestro país.  Nuestro “Martes Negro”, el 28 de mayo de 2024, fue el día que marcó el fin de nuestro sistema de seguridad social, el día que se consolidó la crisis de la salud de más de 30 millones de colombianos y el día en que nuestro país se consumó como un Estado de Hecho.

Con la distorsión delirante de la realidad que lo hace sentirse un líder aclamado por el pueblo y a la luz de la máxima de “Si el Derecho no me ampara, lo harán las vías de hecho”, Gustavo Petro nos llevó como en una crónica de una muerte anunciada, a contemplar el momento en el que 30 años de avances y de generación de condiciones de bienestar, ceden ante dos años de resentimiento, caos y desgobierno:  Sura una de las cinco EPS mejor valoradas por parte de los usuarios, sucumbió ante las presiones desleales de este gobierno que la llevaron a la asfixia económica y solicitó, finalmente, su liquidación definitiva. La solicitud deja a otros 5.3 millones de colombianos desprotegidos y ad portas de hacer parte del grupo de damnificados por el experimento fracasado de atención en salud que hoy ya tiene a más de 800 mil pacientes del régimen del magisterio viendo su derecho fundamental vulnerado y su vida en peligro.

90 billones de pesos y más de 30 millones de pacientes quedan entonces en manos del des-gobierno Petro. 90 billones de pesos que servirán, con la ausencia aturdidora de los organismos de control, para comprar una constituyente tal y como compraron las conciencias de los congresistas para el tránsito de las reformas y para el entorpecimiento del juicio político a instancias de la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes (con el auspicio de la UNGRD y sus 380.000 millones de pesos). 90 billones de pesos que servirán  para lograr el debilitamiento de cada una de nuestras instituciones y el fin de la Democracia.

Ya lo adelantaba Gustavo Petro esta misma semana cuando amenazaba al país diciendo que el Congreso debe tramitar la convocatoria constituyente o el poder constituyente lo hará; o cuando horas antes de la solicitud de Sura de ser liquidada, anticipaba la estatización ineludible del sistema de salud diciendo que no aprobar la reforma espuria era dar la espalda a los colombianos y que ese daño debía repararse cuanto antes.  

Nos confiamos, lo subestimamos, nos ganó el ego, y el sentido de supervivencia atomizado. Que esto nos sirva de lección para entender que con Petro nada es una amenaza y todo es un ultimátum, que todos nuestros temores son justificados y que el riesgo que supone dejarlo avanzar en cualquiera de sus propósitos es tan alto que no deberíamos estar dispuestos a asumirlo.  En el “Martes Negro” de Colombia, el Estado de Derecho cedió, pero lo peor no ha llegado y estamos a tiempo de contenerlo. Actuamos o nos perdemos.