El proyecto de ley “borrón y cuenta nueva” que busca eliminar de las centrales de riesgo crediticias las calificaciones negativas por el no pago de deudas, pese a sus buenos propósitos puede tener un efecto adverso. Fedesarrollo trajo a debate el caso de Chile donde una ley similar, aprobada en 2012, generó un incremento de 5,3 puntos las tasas a pequeños créditos a partir de su promulgación, mientras los grandes créditos permanecieron estables.

La aprobación de un crédito y tasa de interés están estrechamente vinculadas al riesgo, y a la percepción del mismo. Éstos se miden a través de diferentes variables, tales como los ingresos, el capital, el tipo de negocio, y en especial el comportamiento crediticio de las personas o los negocios. Si no hay ninguna información sobre ese comportamiento el riesgo aumenta, pues no hay cómo reemplazar esa información. Según el reporte de marzo de la Situación del Crédito en Colombia, expedido por el Banco de la República, los bancos responden que el 30% de la decisión a la hora de otorgar un crédito es el historial en las centrales de riesgo, mientras que en las cooperativas -donde asisten los pequeños empresarios y consumidores- llega a constituir el 40% de la decisión. Dado que con este proyecto no va existir esa información, los créditos para quienes no tienen mucha información adicional (es decir los pequeños negocios) van a volverse en extremo difíciles.

Es poco probable que quién tenía malos reportes -que ahora desaparecen- pueda acceder a un crédito, salvo que tenga mucha información financiera adicional que le permita solventar la falta de aquella. Aún si lo obtuviera, será más caro. Si el banco no puede distinguir entre buenos o malos clientes, si el banco no tiene información, ese cliente sin información termina asimilado a un mal cliente. 

De cada 100 pesos que usted tiene en cuenta de ahorro, el banco guarda 8 y presta 92. El mayor riesgo del sistema es que los deudores no paguen; el banco sólo tendría reservados 8 pesos para devolverle. Por eso, los bancos son extremadamente cautelosos a la hora de otorgar un crédito, minimizando así la posibilidad de no pago.

Esto lo hemos notado con la caída del monto prestado por los bancos durante la pandemia. Desde que empezó la cuarentena han caído drásticamente los desembolsos de los bancos en créditos ordinarios y están casi desaparecidos los microcréditos.

Por esta razón, el Gobierno Nacional dio garantías del 90% de los préstamos a empresarios para que los bancos empezaran a desembolsar dinero. Aun así, pasadas cinco semanas sólo se han desembolsado 2,3 billones de pesos de los 15 billones disponibles para garantías.

En resumidas cuentas, entre menos información tengan las entidades financieras mayor es el riesgo, y por lo tanto mayor va ser la tasa de interés. El proyecto hubiera sido efectivo si en vez de eliminar la información, se hubiera buscando un sistema de garantías estatales que hiciera atractivo prestarle a quienes tenían malos reportes. Ojalá nos equivoquemos, pues es preocupante en medio de esta pandemia este experimento.