Se acaba de pronunciar el Consejo Superior de Política Criminal apoyando por mayoría, la pena de cadena perpetua para violadores de menores de edad, no obstante que en el pasado había dado opinión contraria.  La Ministra de Justicia explicó en una cadena radial que el cambio obedece a que se introdujo la posibilidad futura de revisar la condena, la consulta obligatoria de la misma y  las circunstancias actuales  donde ha aumentado la criminalidad, entre otras razones. También, una comisión de expertos, consultada por el Gobierno, había recomendado no insistir en la drástica medida.

El Consejo Superior de Política Criminal es el órgano que asesora al Gobierno en la implementación de la política criminal del Estado y debe conceptuar sobre los diferentes proyectos que se adelanten en el Congreso que tengan que ver con la política criminal.  Aunque su opinión no es obligatoria, sin duda, es importante para dar coherencia al sistema. El concepto deberá enviarse al Congreso y se espera que destrabe las discusiones sobre el proyecto radicado en agosto de 2018, iniciativa de gran importancia para el Gobierno, como que se trata de una promesa de campaña del Presidente, quien en reiteradas ocasiones ha insistido en la medida.

La aludida Comisión de expertos, conformada por 10 académicos, le había entregado al Ministerio de Justicia un informe, en mayo pasado, donde se advierte que no hay ninguna evidencia que permita asegurar que condenar a cadena perpetua a quienes sean procesados por delitos graves en contra de los niños, lleve a una reducción de ese tipo de agresiones contra los menores de edad.  Afirman además que la cadena perpetua es “cruel, innecesariamente violenta, inútil y desproporcionada”, además de hacer que el condenado pierda la esperanza de rehabilitación y libertad.

También argumentan los expertos que esa pena da “un mensaje de asocialización, discriminación, marginación y exclusión social” que no conlleva beneficios adicionales para proteger y restaurar los derechos fundamentales de las víctimas.

La comisión también menciona la situación de hacinamiento carcelario en el país que es del 53,29 por ciento, y afirma que “bajo el actual estado de cosas inconstitucional de los derechos humanos en las prisiones, dicha crueldad también torna esta pena en una sanción inhumana y degradante”.   Agrega  que el alto costo de mantenimiento, 18 millones de pesos por persona privada de la libertad,  con 1560 condenados por delitos  sexuales abusivos,  que le cuestan al estado 29.000 millones cada año,  se podrían dirigir mejor  a la reparación de las víctimas.

Además, hay que agregar como argumento, los compromisos internacionales del país, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que se verían vulnerados con la medida.

El debate queda en manos del Congreso y los argumentos están expuestos de ambos lados. Por supuesto, que los delitos cometidos contra los niños son los más execrables que se cometen en una sociedad y merecen la máxima sanción que pueda dispensar el Estado; sin embargo la política criminal debe ser integral y coherente y no puede formularse por estancos separados y tampoco puede obedecer a motivaciones de emocionalidad circunstancial. Estaremos pendientes de  la continuación de este debate.