Los expertos en protección saben perfectamente que en el ámbito de la seguridad ciudadana uno de los factores más preponderante es la justicia. Todos los demás elementos como la ciudad, los ciudadanos, la policía y la administración, a la larga dependen para su desarrollo y éxito en el trabajo, de una buena y pronta justicia.
Las autoridades de policía y la mismas administraciones municipales luchan denodadamente por brindar seguridad a la colectividad y para ello constantemente trata de identificar todo tipo de lugares y sectores donde se concentran los problemas de inseguridad, con asistencia permanente de maleantes o grupos delincuenciales, que atentan contra los ciudadanos de bien; y mediante tereas investigativas, seguimientos, vigilancia y recolección de información procuran capturan estos antisociales, poniéndolos luego a órdenes de fiscales y jueces para la correspondiente investigación.
Este proceso es desgastante, especialmente por falta de colaboración ciudadana ya que en casos de flagrancia las víctimas son renuentes a denunciar, argumentando pérdida de tiempo y riesgos posteriores para su integridad, sosteniendo lo dicho en la amenaza constante de encontrar el antisocial en muy poco tiempo, deambulando por la calle en plena libertad. Esta situación desanima el conglomerado que busca respuestas o por lo menos a quien responsabilizar ante esa realidad, muchas veces nacida del mismo procedimiento contemplado en la ley o por errores en los informes de policía. Esto sin desconocer la tendencia de poner en libertad al transgresor para evitar el hacinamiento en los lugares de detención.
Las ciudades están pidiendo que si el Gobierno decide allanar el camino para excarcelar algunos delincuentes o ante delitos menores evitar que lleguen al sitio de retención, con la única finalidad de evitar el hacinamiento carcelario, por lo menos durante la investigación para definir conductas, estos individuos permanezcan en lugares de paso controlados y vigilados por las autoridades del ramo.
Son profusos los casos de delincuentes en uso de libertad condicional que aparecen enredados o protagonizando delitos de diferente factura, dando razón a los ciudadanos para protestar por la medida, que como lo venimos sosteniendo, sólo busca descongestionar, dando con ello una solución pasajera a un problema de fondo. El alcalde Peñalosa ya se pronunció al respecto y el grueso de los ciudadanos que viven la problemática urgen solución pero sin dejar los pillos en libertad, alegando que su seguridad e integridad están en peligro.
Sería conveniente que la política criminal girare en ese sentido, buscando recursos o alianzas público privadas, para construir lugares de reclusión, con espacios decorosos. Entendemos que la economía nacional tiene restricciones, pero este tema es crucial, especialmente de cara al posconflicto. Esas uniones temporales pueden ser una salida a la crisis, y de paso, se pondría abrigar las esperanzas de desarrollar programas de resocialización para esta población, que también pide atención.