Carlos Alberto Estefan Upegui | El Nuevo Siglo
Martes, 18 de Noviembre de 2014

“Rescatar lo bueno y evitar que se repita lo malo”

Repasar la historia

Ensayo y error en el agro

Las  Empresas Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural o Epsagro, uno más de tantos ensayos ideados con el fin de llevar asistencia técnica al campesino, se ha dicho que probablemente desaparezcan, a pesar de su corto tiempo de fundadas. Sucedió igual hace 40 años con las Sociedades de Asistencia Técnica Particular, cuando ésta dejó de ser un requisito para la aprobación de créditos por Ley quinta de 1973.

 Las Urpas o Unidades Regionales de Planificación Rural  fueron otro ensayo para diagnosticar, ordenar y priorizar las acciones requeridas para el desarrollo del campo en nivel departamental y municipal, las cuales con el tiempo también dejaron de funcionar.

 Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umatas, creadas para prestar asistencia técnica directa rural de manera regular y continua a los productores del campo, tanto en la preinversión, como en la ejecución de los proyectos, se acabaron unas y otras terminaron politizadas. De ahí, que la Ley 607 de 2000 modificó su creación, funcionamiento, y operación y reglamentó la asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

 Luego, en el año 2004 el Ministerio de Agricultura, mediante la Resolución 0164, modificó también la 0460 de 1997 y organizó el Sistema Nacional Regional del sector agropecuario, pesquero, comercial forestal y de desarrollo rural; además de señalar que los proyectos de iniciativa privada y pública quedarían sujetos a las agendas presentadas por los Consejos Seccionales de Desarrollo Rural Agropecuario (Consea), según acuerdo de los actores regionales del sector.

 Con el Decreto 1985 de 2013 se modificó la estructura del Ministerio de Agricultura; y con el Decreto 1987 de ese mismo año, se organizó el Sistema de Coordinación de Actividades Públicas Privadas y de Inclusión Social para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural.  Ya para el 2014, con el Decreto 1567,  se establecieron los lineamientos generales para la cofinanciación de los proyectos en el marco de dicho Pacto.

No obstante, hoy día a pesar de las reuniones de los Consea y las secretarías de Agricultura para la viabilización de proyectos a fin de ser aprobados,  financiados y ejecutados en su totalidad antes del 31 de diciembre, a estas alturas es prácticamente imposible que ello suceda. Entre tanto, las Organizaciones Gestoras Acompañantes OGAS, para la implementación de alianzas productivas,  son otras que tampoco se sabe si van a seguir o no, aun existiendo gran expectativa en un sinnúmero de Ong listas a canalizar los recursos destinados con este fin.

Hasta aquí, para no hablar de experiencias pasadas, como las de la década de los 60 y siguientes, como fueron los Asentamientos Campesinos del Instituto Colombiano de Reforma Agraria Incora, incluida la distribución de tierras a sus empresas comunitarias, las cuales hoy si acaso existen, son unas pocas.

En consecuencia, dadas las excelentes intenciones del ministro Iragorri, un buen ejercicio sería repasar la historia para rescatar lo bueno y evitar que se repita lo malo. Pues, no está bien seguir en medio del ensayo y del error, en un momento en que se requiere atender de forma ágil las necesidades de los pobladores rurales, con resultados concretos y eficaces.