Tremendo dilema por el que atraviesa el gobierno Duque, con sus preocupaciones en torno al incremento de la drogadicción que a diario penetra nuestra juventud. Hay crecientes sectores que buscan frenar el consumo de estupefacientes, -marihuana, coca, heroína, ácidos, sintéticas, etc-. Otros defienden el libre desarrollo de la personalidad que contempla la Constitución y los traficantes y jíbaros que se lucran de tan pingüe, tenebroso y lucrativo negocio a través de las ollas que invaden las ciudades.

Con acertada intención el gobierno ha dado 15 días a la sociedad para pronunciarse sobre los alcances de una medida que prohíbe el porte de la dosis mínima, el consumo en lugares públicos, ordena la destrucción la droga y establece multas a los portadores.

Es claro que las leyes defienden a los adictos, que por cuestiones de salud deban consumir estupefacientes, siempre y cuando tengan prescripción médica para ello. Es decir: existe un carné marihuanero invisible que los autoriza.

Pero como suele suceder, nuestros legisladores van aprobando cuanta iniciativa llega al Congreso, sin investigar, analizar, buscar decisiones contrarias. Lo vemos en multitud de leyes que golpean a la comunidad. El “pupitrazo”, es moneda corriente. Afanosa, o “mermeladamente”, se aprueban deseos del gobierno, de los gremios o de otros interesados. 

Hoy el Código de Policía aplica la prohibición del consumo de drogas, por esas mismas contradicciones de nuestras normas. Se decomisa la dosis mínima y se multa a los portadores.

Es decir: la cosa y la norma se utilizan, legal o ilegalmente, según el criterio de quien lo advierta o analice.

Y lo más grave es que debemos enfrentar el tema sin mayores dilaciones, porque tenemos que defender a nuestra población y a nuestra juventud. Es cierto que hoy se fuma o consume droga en los parques y lugares públicos, en donde hay niños, jóvenes y adultos que deben soportar a los infractores. Los colegios, escuelas y universidades están rodeados de jíbaros, distribuidores e iniciadores de jóvenes “colinos” como los llaman. Los celulares son los vehículos que conectan a los traficantes y a las ollas, con los muchachos para gestionar pedidos.

Hay que actuar con urgencia. La ley permite consumir droga en privado, lejos de la gente sana, de los niños y de la juventud.

Esta podría ser una oportunidad para aclarar las contradictorias normas actuales, que benefician a los traficantes y de una vez por todas se proteja el libre desarrollo de la personalidad que consagra nuestra Constitución, para que no sirva de escudo para maleantes y traficantes. Otros países suministran la droga a los enfermos, con lo cual se impide que los precios de estos presionen el funesto comercio clandestino. Hay quince días para debatir, investigar, analizar y tomar sabias decisiones que llenen el vacío existente. Por ahora existe el carné marihuanero que ampara a los adictos.

BLANCO: Se va, abdica, nos deja el Padre Linero. Lástima. Pero el Man está vivo.

NEGRO: Parece que el Eln contaminará a Colombia hasta el último instante.

gabrielortiz10@hotmail.com