La crisis humanitaria que golpea al Chocó no es nueva, pero en las últimas semanas ha alcanzado niveles alarmantes. Con el recrudecimiento de la violencia a manos del Eln, miles de familias están atrapadas entre el abandono y el dominio de los grupos armados ilegales. ¿Cuánto más pueden soportar los habitantes de esta región, principalmente niñas, niños y adolescentes?

El impacto va más allá, según informes de la Defensoría del Pueblo, es frecuente que los menores de edad vean interrumpida su educación debido a la imposibilidad de asistir a clases. Los violentos impiden la movilidad en distintas zonas del departamento, lo que los deja sin acceso a espacios de formación, aumentando la brecha de desigualdad por la imposibilidad de acceder a el derecho sagrado de la educación.

Además, el acceso a servicios de salud se ha vuelto otra odisea. La falta de infraestructura hospitalaria y de personal médico calificado hace que enfermedades prevenibles se conviertan en sentencias de muerte.

La guerrilla mantiene el control territorial sobre amplias zonas del Chocó, imponiendo su ley a través del miedo. En noviembre de 2024, el Eln decretó un paro armado que paralizó la movilidad de 50.000 habitantes, bloqueando carreteras, impidiendo el comercio y afectando el suministro de bienes esenciales. "Nos hemos dado cuenta de que la voluntad de paz con el Eln es dudosa, porque hemos pedido que se levante el paro debido a la emergencia que estamos presentando, pero es algo que no se ha hecho", declaró la gobernadora Nubia Carolina Córdoba la semana pasada en entrevista radial, frente a un nuevo paro armado.

A esto se suma la lucha constante con el Clan del Golfo por el control del río San Juan, una zona estratégica para la explotación de oro y las dinámicas del narcotráfico. Ambos grupos ilegales se han enfrentado, dejando un saldo de 12.600 chocoanos afectados. Las autoridades regionales temen que la situación se agrave, aún más, de lo que ha ocurrido en el Catatumbo.

Estos paros armados no solo restringen la circulación de las personas, sino que también asfixian la economía. Los comerciantes no pueden abastecerse, los transportadores temen ser atacados y las familias quedan atrapadas en una crisis de subsistencia. A pesar de ello, el Gobierno Nacional, sigue manejando la preocupante situación con una lentitud exasperante, sin respuesta integral, en seguridad y social, mientras la población queda a merced de la violencia.

Los derechos humanos en el Chocó han sido vulnerados de manera sistemática, y la falta de acción refleja una preocupante jerarquización de las crisis humanitarias: unas son más mediáticas que otras. Infortunadamente, esto determina la respuesta que se recibe.

El Chocó no necesita más promesas, sino acciones concretas que transformen la realidad de sus habitantes. La valiente gobernadora Córdoba ha insistido en la necesidad de un "Plan Chocó", que incluya inversión real en infraestructura, educación y desarrollo económico. "Necesitamos mejoras en los cultivos, reparación de vías terrestres y fluviales, y una respuesta rápida a las necesidades de nuestras comunidades", ha señalado.

El Chocó está en crisis y el Gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado o alegar falta de coordinación interinstitucional, con respuestas tardías. La pregunta ya no es cuándo actuará, sino si está dispuesto a hacerlo. Aunque es su obligación legal, no responde con sentido de urgencia ni con acciones integrales para sus ciudadanos.

Si el Chocó sigue siendo ignorado, la crisis solo se profundizará. Es inaceptable que se ignore una realidad tan alarmante que vulnera los derechos fundamentales de miles de chocoanos y los reclamos firmes de su gobernadora. Es momento de que la acción reemplace la indiferencia.