Los últimos días han estado marcados por las discusiones sobre la JEP, sobre si el Presidente va a objetar o no la ley estatutaria, y naturalmente por los tristes escándalos que el país ha presenciado y cuya autoría parecen recaer en un fiscal de la JEP y en un exsenador de la República. Ojalá estos asuntos se aclaren y sancionen pronto para poder dedicarnos a los temas de fondo. Que no son otros que responder a la pregunta fundamental: ¿cómo va la implementación de los acuerdos de paz?

Existen dos entidades que periódicamente evalúan con rigor cómo va la implementación de los acuerdos de paz. Y constituyen la referencia más seria de que disponemos para evaluar la marcha que trae el llamado postconflicto. El primero, es el Instituto Kroc adscrito a la universidad de Notre Dame y especializado en el seguimiento de procesos de paz en todo el mundo. Y el segundo, es el grupo conformado por Cerac, Cinep y el Programa por la paz. Se publicará próximamente el último informe del Instituto Kroc que cubrirá los primeros meses de la administración Duque; el informe del segundo grupo evaluador acaba de divulgarse y cubre el trimestre del 1 de noviembre 2018 al 31 de enero 2019.

Como la implementación de la Reforma Rural Integral (que corresponde al primer punto de los acuerdos de La Habana) es el más importante cuantitativamente, toda vez que según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) demanda el 80% de los recursos exigidos para la implementación de la paz, quiero detenerme brevemente en registrar las conclusiones a las que llega el informe Cerac – Cinep y Programa por la Paz.

Las conclusiones no pueden ser más desalentadoras. Y podríamos decir que durante los primeros meses de la administración Duque poco, poquísimo, se ha hecho para desarrollar el punto fundamental de los acuerdos de paz, a saber, el de la Reforma Rural Integral.

Uno no sabe realmente si estamos frente a un asunto de displicencia presupuestal (cosa que heredó la nueva administración de la anterior), o si estamos frente a algo todavía más grave: falta de voluntad política para implementar los acuerdos de paz.

Que la implementación de los acuerdos de paz, y muy especialmente el de la Reforma Rural Integral va mal, lo demuestran algunos párrafos del informe Cerac - Cinep y Programa por la paz, que a continuación cito textualmente:

“Durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y 31 de enero de 2019, la verificación realizada le permite concluir a esta Secretaria Técnica que, por segundo trimestre consecutivo, hubo pocos avances en materia de acceso y uso de la tierra (acuerdo final 1.1.1.). De la lectura de las bases del Plan Nacional de Desarrollo presentado al Congreso de la República el 5 de febrero de 2019, se destacan la ausencia de metas en matera de acceso a la tierra, así como las bajas metas en materia de formalización de tierras. Las propias declaraciones de la directora de la Agencia Nacional de tierras, según las cuales la ANT planea entregar este año 7.000 títulos, confirma el lento avance en materia de formalización puesto que, de acuerdo a la funcionaria, con las metas previstas, se espera formalizar la tenencia de 8.400 hectáreas”.

Recuérdese que el punto No. 1 de los acuerdos de La Habana contempla la formalización de 7 millones de hectáreas, lo que permite visualizar el gran abismo que se está ahondando entre el ritmo que trae la implementación y los objetivos acordados.

No se ha avanzado tampoco prácticamente nada en la creación de la Jurisdicción Agraria, en el programa de riego y drenaje, en la creación del Fondo de tierras y en el del Catastro multipropósito cuya implementación está colgada de un crédito externo que apenas se está empezando a tramitar.

En síntesis: el panorama que traza en este informe evaluativo es desolador. Vamos a paso de tortuga cuando la importancia del asunto ameritaría algo de mucha más celeridad y envergadura. De continuarse este ritmo le habremos quedado bien a la paz (firmando los acuerdos del Teatro Colón) pero mal, muy mal, al postconflicto.