“Es dictatorial, es delirante, es digno de que surja una Boudica, un Arminio, o un Epaminondas”. Eso pensé el pasado 28 de mayo al leer los titulares que anunciaban que el gobierno nacional extendía el “aislamiento preventivo” -es decir, la innecesaria cuarentena- hasta el 1 de julio. Pronto, sin embargo, me percaté de las 43 excepciones del decreto, las cuales incluyen el regreso del “comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de (los) centros comerciales”.

“Un momento”, exclamé, “o hay cuarentena, o abre todo Unicentro”. Pero tener ambos al tiempo es como pretender combinar la austera pulcritud de la Madonna del Prato con el exhibicionismo de Madonna la cantante, o mantener una estricta dieta vegetariana mientras se devora una Corralísima. Cada opción es respetable, pero excluye la alternativa.

Concluí que el Gobierno sabe que la cuarentena no tiene justificación. Alguien en los corredores del poder debe estar enterado de la creciente cantidad de evidencia que apunta a los nulos efectos del confinamiento forzado de toda la ciudadanía como método para combatir el coronavirus.    

La semana pasada, la jefe de la autoridad de salud de Noruega, Camilla Stoltenberg, declaró que la prevención es suficiente y que la cuarentena total no fue necesaria para frenar los efectos del Covid-19. En su editorial, la prestigiosa revista británica The Spectator cuestionó la eficacia del confinamiento, el cual “inflige un daño permanente, destruye negocios viables y empleos”, y causará miles de muertes adicionales solo de cáncer. Dado que cada aumento del 1 % en el desempleo agrega un 2 % a la tasa de enfermedades crónicas, “el precio de la cuarentena se pagará en vidas, no solo en libras esterlinas”.

El dilema entre la vida vs. la economía yace sobre una pirámide de paja. En Estados Unidos, donde el federalismo permite un alto grado de experimentación al nivel de los estados, los primeros en abrir sus economías no han sufrido la debacle mortal que pronosticaron los fanáticos del confinamiento. En La Florida, por ejemplo, el gobernador abrió las playas y grandes porciones del comercio, pero se aseguró de proteger los ancianatos. Aunque los grandes medios de comunicación no lo reconocen, su estrategia ha sido un éxito. 

El Gobierno colombiano tiene que percibir el enorme daño económico que causan las cuarentenas en los países pobres, los cuales enfrentan el peligro de una hambruna según el Secretario General de Naciones Unidas. Pero el gobierno parece considerar útil que la gente piense que está viva gracias al confinamiento. 

Su extraña decisión de abrir la economía como parte excepcional de la cuarentena es problemática. En primer lugar, las excepciones serán verificadas por autoridades que han abusado de su poder durante esta crisis.

Por otro lado, la habilidad de los alcaldes y gobernadores de mantenernos encerrados se presta a la absurda noción de que nuestra libertad es un favor que nos otorgan los políticos y funcionarios. Asumir esta actitud les sería más difícil si, desde el inicio, no hubiera sido tan absoluta la sumisión ciudadana.