LAS decisiones de las Altas Cortes en las diferentes causas que adelantan siempre producen un impacto en la vida social de las naciones, en mayor o menor medida, dependiendo de las personas involucradas y de la naturaleza de éstas. Por supuesto, que una decisión judicial que afecta a un exgobernante de la República, compromete su libertad y además, se presenta dentro de un proceso donde se enfrenta a uno de sus mayores contradictores políticos, produce consecuencias de diversa índole. No es el propósito de esta columna analizar el contenido de la medida, ni su fundamento legal o probatorio; somos de la opinión que hay que creer en las instituciones, permitirles actuar y que es dentro del proceso donde deben presentarse los argumentos de defensa. Afortunadamente, los aforados ahora cuentan con doble instancia para garantía de su defensa.

Nuestro análisis se encamina a los efectos exógenos de la decisión, que no son pocos. Por lo pronto se ha avivado la polarización que vive el país en el campo político entre izquierdas y derechas. A tal punto han llegado estos argumentos extremos que se compara la situación con la de Santrich, cuando son totalmente diferentes. El personaje de la guerrilla se escapó, “Tomó las de Villadiego”, aprovechando de un choque de competencias entre la Corte Suprema y la JEP para tenerlo detenido con fines de extradición; por supuesto, que sobre él pesa medida de aseguramiento, el problema es cogerlo, como ocurre siempre con la guerrilla activa. El Senador, en cambio, siempre ha estado dispuesto a atender los llamados de la justicia, ha asistido cuando se le ha requerido. Son dos situaciones distintas y sin punto de comparación.

Otra consecuencia tiene ver con la imagen y el efecto político.  Hace algunos meses las mediciones de la imagen del partido político del Senador presentaban tremendo bajonazo frente a otras épocas de gloria y esplendor.  El efecto de la medida, sin duda, nuevamente dispara la imagen del líder y su movimiento hacia lo positivo, hacia a una aceptación popular y  hacia una solidaridad social a causa de su infortunio.

Las circunstancias jurídicas desentierran la frustrada reforma a la justicia que había comenzado en este Gobierno con un indiscutible protagonismo, que acompañaban otros sectores políticos importantes y que fue perdiendo espacio por razones que todos conocemos. Hacer la reforma que se requiere implica remover privilegios, que no se quieren soltar. Bajó de perfil con el cambio de Ministra pasando a una reforma menor e insulsa que no se presentó, hasta descender a casi nada en la propuesta que promueve la Procuraduría. Como efecto de la medida de aseguramiento, el país vuelve a pensar que es necesaria una reforma de fondo, normativa, constitucional al poder judicial y a la justicia, que es inaplazable. No es que la situación del caso en debate judicial la determine; es que la circunstancia pone nuevamente al país a pensar en ella. Si ha de ser por constituyente o por acto legislativo, lo definirá el contenido de ésta y la tesis de la sustitución de la Constitución que echa por la borda lo que se logra reformar.

Ni qué decir de las consecuencias sobre la crisis de liderazgos políticos y del despertar de la economía, ya maltrecha por la pandemia. Pero serán motivos de posteriores reflexiones.