“Preservada la integridad de la ley y respaldada
por un amplio consenso moral, vendría, ahora sí
la recuperación de la justicia”
Álvaro Gómez Hurtado
En Colombia no es habitual que ante un acto indignante de origen en cualquiera de las instituciones del poder público, un dirigente sea capaz de renunciar a su investidura, como un hecho político consecuente, como gesto puntual.
Después de la alta incertidumbre que dejaron las facultades atribuidas a la JEP -que encendieron en parte el voto por el No del Plebiscito al Pacto de La Habana-, basadas en el concepto de la justicia transicional, el recelo ganó todo el terreno cuando la JEP ordena la libertad de Santrich y no autoriza su extradición -solicitada por Estados Unidos por presunta participación en el tráfico de drogas con posterioridad al Acuerdo-, hasta el punto de suscitar las renuncias de Fiscal, y la Vicefiscal General de Nación como la apelación del Procurador y la posterior recaptura con nuevas pruebas de reincidencia sustentadas por el Fiscal encargado.
Habría que tenerse en cuenta que el Congreso además no había aprobado, en meses anteriores, las objeciones por inconveniencia presentadas por el Presidente, ahora en manos de la Corte Constitucional, cuando precisamente en los puntos cinco y seis se abogaba por delimitar las funciones de la JEP frente a excombatientes, militares y terceros que se acogieran al sistema y que encararan procesos por extradición.
Recuérdese que la Jurisdicción Especial de Paz es el organismo de justicia del llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creada por el Acuerdo del gobierno anterior con las Farc-EP con ese marco específico.
Con la crisis institucional, la búsqueda del Consenso por la Legalidad, debería convertirse en la impronta del Presidente Duque, con la firmeza de sus propias palabras. Entendida así la legalidad como el respeto a la ley y la Constitución, que necesariamente nace en la confianza de quienes las hacen cumplir. Es decir, legalidad e institucionalidad de la mano.
Esa legalidad, que tiene por soporte el entendimiento en lo moral, en la distinción de lo bueno y lo malo -que por esencia debe estar libre de polarización- como principio rector de las instituciones. Este consenso puede convertirse en el patrimonio común del que hablara Álvaro Gómez. La eficacia de la justicia se altiva cuando la ley, la moral y las instituciones se juntan, incluida la ciudadanía.
La impunidad, la violación de los derechos humanos y la corrupción son hechos que indignan. El país está ávido de esa reforma a la justicia, pero sin el apego a lo moral y a la ley es muy difícil.
Si el Presidente logra imprimir en los colombianos el respeto por la ley, dejará huella.
*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI