El 26 de septiembre, día de la firma del Acuerdo Final entre Santos y las Farc, se reunirán en Cartagena presidentes, delegaciones, jefes de Estado, narcos, terroristas, lagartos y periodistas. El espectáculo está garantizado, con bombos y platillos, Santos y Timochenko, firmarán la capitulación del Estado de Derecho a favor de las Farc, será la celebración de la victoria revolucionaria. Cinco días antes de que los colombianos votemos en el plebiscito, la comunidad internacional, en calidad de testigo y garante, asistirá al show que han montado.

El Presidente Santos y las Farc hábilmente han logrado sumar apoyo internacional al proceso de La Habana bajo la promesa de: “La paz de Colombia”. No solo me refiero a los regímenes totalitarios de Cuba y Venezuela, Estado Unidos ha enviado a Bernard Aronson como su delegado; Naciones Unidas, en cabeza de Ban Ki-Moon y su comisionado en Colombia, ha sido un aliado incondicional del proceso; La Unión Europea ha hecho lo propio, todos han prometido recursos para el “posconflicto”. Son el mejor comité de aplausos para Santos y las Farc.

Dichas credenciales le han servido al Gobierno para justificar los acuerdos internamente, pues ante validadores tan calificados es difícil decir lo contrario. Pero más allá de ser un apoyo político a un asunto interno, la presencia de delegaciones oficiales extranjeras es la aceptación y el reconocimiento de lo pactado y de los efectos que de ahí se deriven.

El Acuerdo Final con las Farc, de convertirse en mandato constitucional, tendrá efectos jurídicos vinculantes para el Estado, muchos de ellos contrarios a acuerdos bilaterales suscritos por Colombia con otras naciones. Por ejemplo, en dicha negociación, quedó plasmado que no habrá extradición de miembros de las Farc a otros países, que el narcotráfico será considerado un delito conexo al delito político y por lo tanto objeto de amnistía e indulto, así como el secuestro extorsivo de nacionales y extranjeros.

En materia de drogas ilícitas se acordó que no habrá erradicación de cultivos ilícitos sin el visto bueno de las comunidades cocaleras, será un proceso concertado y voluntario de “sustitución alternativa”. El Estado renunció a sus facultades de erradicar y fumigar de manera autónoma y unilateral. Esto nos puede llevar a convertirnos en una Republica Cocalera, ante el inminente aumento desmedido de las hectáreas cultivadas y de la producción de cocaína.

La bendición de Estados Unidos y de los países europeos a lo pactado entre Santos y las Farc, se entiende como su aceptación tácita a las modificaciones, en los tratados bilaterales, a las que haya lugar en virtud de la aplicación del “Acuerdo Final”. Mr Aronson, los aplausos no son gratis, comprometen la posición de su gobierno, después no podrán exigir lo que aceptaron acabar.

@SHOYOS