La seguridad física de un Estado es esencial para garantizar el orden público y la protección de los ciudadanos. Pero igual de crucial es asegurar la estabilidad energética, que brinda tranquilidad a los hogares colombianos y sustenta los sectores económicos.

Hace treinta y dos años nuestro país sufrió un apagón que trajo consigo enormes pérdidas económicas. Millones de ciudadanos no tienen idea de lo que significó enfrentar aquel caos: restricciones en la educación, fallas en los servicios de salud y serios obstáculos para la producción industrial. En Bogotá, el apagón llegó a durar 9 horas diarias; en la costa Caribe, 10; y en San Andrés, hasta 18 horas. Fue un golpe devastador al progreso y bienestar de la sociedad.

Hoy enfrentamos otra crisis energética, esta vez fruto de las pésimas decisiones del gobierno de Gustavo Petro. El debilitamiento de nuestra matriz energética podría pasarnos factura en los próximos dos o tres años. La inseguridad jurídica, producto de la inestabilidad institucional de la CREG, la suspensión de 32 contratos, y la falta de nuevos acuerdos de hidrocarburos han reducido la oferta de gas y petróleo, de los cuales solo tenemos reservas probadas para los próximos 6,2 y 7 años, respectivamente. Además, el ataque directo a los generadores de energía agrava la situación. Es lamentable que, cuando ya éramos un modelo de estabilidad energética en la región y a nivel global, estemos retrocediendo.

A pesar de todo, esta semana se anunció una buena noticia: el descubrimiento de la reserva de gas Sirius (Uchuva), que podría abastecernos durante 20 años. Este proyecto costa afuera fue impulsado en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuando en 2003 se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y en 2006 se adjudicó el Bloque Tayrona a Exxon. El campo ha sido desarrollado en alianza con Ecopetrol y otras compañías privadas. En 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se perforó el pozo exploratorio de Uchuva, y en el de Iván Duque se confirmó la existencia de esta gran reserva, que ahora anuncia el gobierno de Petro. Sin embargo, en lugar de celebrar este logro, Petro lo condenó, sugiriendo que Ecopetrol debería enfocarse en la inteligencia artificial, aunque hace unos meses decía que debía concentrarse en proyectos solares y eólicos.

No todo es tan positivo como lo pinta el presidente de Ecopetrol. Aún quedan en el aire temas como la Consulta Previa, asuntos ambientales y el transporte del gas al complejo de Ballena para su distribución en el país. Además, el gas de Sirius no estará disponible antes de 2029, lo que significa que tendremos que importar gas para asegurar la soberanía energética de los 37 millones de colombianos que dependen de este recurso. Esto, inevitablemente, elevará las tarifas en un 28%, afectando especialmente a los estratos 1, 2 y 3.

Es evidente la ruptura institucional. No hay coordinación entre el Ministerio de Minas, Ecopetrol y la ANH. Pero quien sí está tomando decisiones -aunque erróneas- es la ministra de Ambiente, que detuvo, de manera abrupta y bajo argumentos ideológicos, la licencia ambiental del proyecto Kómodo 1. La crisis no espera. Si el gobierno no actúa con rapidez y de forma técnica, nos enfrentaremos a un desabastecimiento crítico de gas, sumado a la crisis eléctrica, que nos obliga a depender cada vez más de las termoeléctricas, cuya producción ha pasado de 80 a 100 gigavatios para aliviar la presión sobre las hidroeléctricas.

En resumen, lo único que nos queda es resistir. Han pasado 26 meses desde que inició este gobierno “del cambio”, pero el cambio ha sido en reversa. Quedan 22 meses para que termine esta “horrible noche”. El 7 de agosto de 2026, el nuevo presidente tendrá que tomar decisiones audaces para recuperar la estabilidad del sector minero-energético y avanzar hacia una transición energética de la mano de la seguridad energética.