Son innegables los avances que ha tenido la atención en salud en el país en los últimos 50 años. Hasta los años 70 tuvimos en Colombia el modelo de Seguro Social del cual pasamos al Sistema Nacional de Salud, que rigió por 23 años, hasta 1993. Fue un modelo fragmentado: las personas con mayores recursos eran atendidas por clínicas privadas, mientras que los de menores recursos por hospitales públicos y según las condiciones laborales del paciente por el Seguro Social.

La Constitución política de 1991 dio paso a la Ley 100 de 1993, que creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, un modelo de aseguramiento con esquema solidario y subsidio a la demanda del servicio, que permitió ampliar la cobertura a través de la afiliación y que ha logrado progresivamente unificar la prestación de los servicios, sin distinción de la capacidad de pago de los afiliados, a través del Plan de Beneficios en Salud.

Como todo, la Ley 100 ha tenido sus cosas buenas y malas. La cobertura de la atención aumentó, pasó del 29,77% en 1995, a 98,78% en 2022. También se resalta la ampliación gradual en el Plan de Beneficios en Salud el cual incorporó servicios, medicamentos, ayudas diagnósticas y prestaciones asistenciales, asociadas al manejo de enfermedades de alto costo. Prevalecen problemas de acceso, calidad y oportunidad, que para muchos colombianos acentúan las inequidades en los servicios. Por eso, la salud es el segundo derecho más tutelado, después del derecho de petición. 

Uno de los temas más recurrentes y discutidos por estos días en el país, es la reforma al sistema de salud. Para la Contraloría General, es definitivo tener las cuentas claras, es fundamental.

Le hemos insistido al Gobierno sobre la necesidad de informarle al país sobre el costo de la reforma que propuso ante el Congreso, para definir su impacto en el control fiscal y sostenibilidad. También, de la urgencia que las EPS realicen el saneamiento de las deudas con los prestadores que, según los análisis realizados por la entidad, ascienden a $26 billones. Además, consolidar el monto de las obligaciones que quedaron sin resolver con ocasión de los procesos de liquidación obligatoria y voluntaria de algunas EPS. 

Teniendo en cuenta que el sector salud recibió el año pasado del Presupuesto General de la Nación cerca de $30.1 billones de pesos y desde el Sistema General de Participaciones se asignaron $11.6 billones, para un subtotal de recursos públicos de $41.7 billones y al agregarle el recaudo parafiscal da un monto total de $74.2 billones, la Contraloría no ahorrará esfuerzos para continuar vigilando estos recursos públicos, no sólo a través del control posterior y selectivo, si no también, con las facultades de control preventivo y concomitante.

En los ejercicios fiscales llevados a cabo entre el 2018 y el 2022, se encontraron 281 hallazgos con incidencia fiscal, por un valor superior a $2,1 billones. Por otro lado, entre 2008 - 2022 ha iniciado 1.474 procesos de responsabilidad fiscal a los recursos de salud por $5,5 billones y adicionalmente ha ejecutado 170 procesos de cobro coactivo por cuantía de $1,6 billones; 910 depósitos judiciales por cuantía de $94.000 millones. También, se determinaron 28 hallazgos con presunta incidencia penal, trasladados a la Fiscalía General de la Nación; 1.692 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, trasladados a la Procuraduría General de la Nación y 692 hallazgos con otras incidencias, trasladados a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Contaduría General y a la ADRES, entre otras entidades.

En este sentido, seguiremos ejerciendo nuestro control a la salud con el mismo rigor y eso incluye estar muy atentos al papel que jugará la ADRES en la reforma propuesta por el gobierno y a los demás actores del sistema. Hace apenas unos días revelamos, tras una Actuación Especial de Fiscalización a la gestión de la ADRES, hallazgos fiscales que suman $ 14 mil millones, por reclamaciones de atenciones en salud, derivadas de accidentes de tránsito NO SOAT, en las vigencias 2018 – 2021, y que incluían millonarios pagos a personas fallecidas, entre otras irregularidades.  

Advertimos que algunos de los controles establecidos por la Superintendencia de Salud a este procedimiento de reconocimiento y pago, presentan debilidades, que deben ser corregidas de manera autónoma y en lo que corresponda, se esperaría que también sean tenidas en cuenta, para los ajustes que se lleven a cabo en la reforma al sistema, con el fin de mejorar su efectividad en pro de los resultados de las actuaciones e intervenciones de su competencia.  

La recomendación de la Contraloría General, no sólo es que la cobertura del servicio llegue a los territorios y zonas apartadas del país para que toda la población tenga acceso al servicio, porque con la salud no se juega, sino, también, que se discuta la necesidad de implementar instrumentos que permitan mejorar la garantía de la que dispongan los acreedores de las entidades que integran el sector, tales como la creación de regímenes especiales de responsabilidad patrimonial de los controlantes, reportes de información financiera consolidados en el caso de conglomerados económicos, la viabilidad de establecer fondos de garantías en salud o incluso, la aplicación excepcional de las reglas que, en este sentido rigen a las sociedades, para que todo esté a la vista y asegurar un servicio transparente en sus finanzas y su calidad. 

En la Contraloría General de la República revisaremos nuestra capacidad de respuesta, así como los procesos internos y haremos los ajustes necesarios a los procedimientos y actuaciones en materia de vigilancia y control fiscal, con el fin de adaptarnos a los nuevos cambios y actores, para velar de manera eficiente que los recursos del Estado tengan el uso y manejo debidos.

¡Porque defender juntos los recursos públicos, tiene sentido!

*Contralor General