Entre Ipiales y Tulcán en Ecuador solo hay 11 kilómetros que se recorren en 19 minutos por la Panamericana, pero no es a esa cercanía a la que me refiero, sino a la cercanía a la desestabilización que hoy vive ese país y de la cual no estamos lejos, pues padecemos los mismos síntomas producto de las mismas enfermedades.
Al problema de una justicia con altos niveles de impunidad y el auge de doctrinas que la promueven, como la justicia restaurativa y la despenalización, se suma el de las cárceles bajo el dominio de grupos criminales y convertidas en centros de operaciones de la delincuencia, lo que no es sino el síntoma de una enfermedad también crónica en Colombia: un sistema penitenciario sobrepoblado y permeado por la corrupción, en el que la resocialización y la “alta seguridad” son un chiste. El detonante del caos en Ecuador fue la fuga, en apenas tres días, de dos peligrosos criminales, uno de los cuales no duró 24 horas arrestado.
Los problemas no surgen por generación espontánea. En 2017, Rafael Correa, antes de dejar la presidencia de Ecuador “hizo el mandado” e indultó a 3.000 personas convictas por narcotráfico. En 2018, Santos nos dejó un Acuerdo espurio con las Farc, garantizándoles impunidad por todo tipo de delitos, y… lo más grave: nos dejó 300.000 hectáreas de coca.
Así llegamos al mal de males, al cáncer que ha hecho metástasis en ambos países: el narcotráfico, su poder corruptor y su capacidad para suplantar al Estado, generar violencia y desestabilizar un país al amaño de sus intereses.
La fumigación con glifosato, que llevó los cultivos a niveles mínimos al final del gobierno Uribe, se movió en la frontera con Venezuela al ritmo de las fricciones con Chávez. Sin embargo, en 2007, Correa llega al poder y los dos socialistas del Siglo XXI hacen causa común contra Colombia por la fumigación, incluidas la demanda ecuatoriana ante la Corte de La Haya y la amenaza de Correa de derribar aviones de fumigación. Por esas dos fronteras resucitó el narcotráfico, que hoy es poder efectivo, tanto en la frontera nororiental en el Catatumbo, y en la suroccidental en Putumayo, Nariño y Cauca, a un paso de Ecuador; una peste que se expandió a otros territorios con la suspensión total de fumigaciones en 2015, bajo la presión de las Farc en la mesa de negociaciones.
Hoy asistimos a dos agravantes en ambos países: el desdoblamiento de las mafias en cientos de bandas criminales de enorme impacto desestabilizador en las ciudades a partir del microtráfico, y la presencia comprobada de las violentas mafias mexicanas.
El panorama en Colombia no es halagüeño: 400 municipios están bajo control territorial de grupos criminales para la protección de sus rentas ilícitas. De 48.000 hectáreas de coca pasamos a 300.000 y, de contera, en ese mayor hectareaje aumentó la productividad, de dos a cinco cosechas anuales. La mayor producción, sumada a la competencia del fentanilo y demás drogas sintéticas, generó una caída pronunciada de las exportaciones.
Estamos inundados de coca en los campos y de cocaína en las ciudades y pequeñas y medianas poblaciones, lo que ha multiplicado los “emprendimientos criminales” y la competencia mortal entre ellos, disparando una violencia anárquica y diferenciada a nivel regional, según sean los actores violentos en cada territorio.
Podemos estar a un paso de la desestabilización que hoy sufre Ecuador. La respuesta del presidente Noboa es la correcta: la restauración del orden a partir de la seguridad y el imperio de la ley… Ese es el camino: primero el orden, como condición para la verdadera libertad; lemas de nuestro escudo.
@jflafaurie