En el año 2022 el Presidente Petro responsabilizó de las excesivas alzas tarifarias a la Cregt y se propuso asumir sus funciones y competencias para bajarlas, pero después de fracasar en el intento de asumirlas, la Creg quedó en sus manos y desde entonces no hay sabido qué hacer con ella, pues hasta la fecha se ha negado sistemáticamente a nombrar en propiedad a los seis expertos comisionados de la Creg, como lo manda la ley y lo ordenó el Tribunal administrativo de Cundinamarca.
Y ante su incumplimiento la procuraduría general de la nación le solicitó a dicho tribunal iniciar una acción de desacato contra el Presidente Petro y contra el ministro de minas y energía Andrés Carreño. Ello ha sumido a la Creg en una interinidad permanente, hasta su desintegración actual, luego que el consejo de estado anulara el nombramiento de su director. La exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció en octubre de 2022 un pacto por la justicia tarifaria que reduciría las tarifas en un 4%, el cual terminó en sólo 2.82%, cuando el aumento acumulado era del 40% en la región caribe.
Ahora se anuncia nuevamente una baja de las tarifas en la región caribe del 4%, cuando el aumento de enero de 2023 a enero de 2024 fue del 31%, para ello el Gobierno Nacional asumirá la deuda contraída por parte de los usuarios con las empresas distribuidoras de energía por cuenta de la opción tarifaria. Pero, para que las empresas Air e y Afinia, que son las que prestan el servicio, trasladen este beneficio a sus usuarios no basta con el anuncio por parte del Gobierno. Para que este anuncio pueda materializarse, como lo dispone la Resolución 40225 del ministerio de Minas y Energía expedida el 2 de julio, es la Creg quien lo debe decidir.
Del dicho al hecho hay mucho trecho. En efecto, en dicha Resolución se esbozan unos lineamientos tendientes a introducir unos cambios regulatorios, que sólo la Creg puede determinar, tendientes, según su texto a la adopción de “medidas para reducción de tarifas a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica”. En la misma, incluso, se deja abierta la posibilidad de que el beneficio de la supresión del pago de la Opción tarifaria se extienda a los estratos 4, 5 y 6. Pero, la verdad sea dicha, esta es una Resolución bien intencionada, pero ineficaz, pues varias de sus disposiciones principales dependen para su aplicación de acuerdos voluntarios entre generadores, comercializadores y distribuidores de la energía, que permitan la renegociación de los contratos bilaterales vigentes.
No obstante, como es bien sabido, una de las leyes de Murphy es aquella según la cual todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar. Ahora resulta que el vencimiento del encargo de uno de los expertos y la anulación del nombramiento de otro por parte del Consejo de Estado, la Creg quedó con sólo dos de los seis expertos comisionados y se requiere un mínimo de 4 de ellos para configurar quorum y sin este no se podrán tomar decisiones. Ello nos ha llevado a afirmar que la Creg se ha constituido en el nudo gordiano de la crisis energética, que sólo el Gobierno puede desatar.
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