Puede decirse que el último Taller Construyendo País, el treinta y dos en casi trescientos días de gobierno Duque, el del 25 de mayo, en tierra vallenata, fue el más simbólico hasta el momento porque a la luz pública el Presidente firmó el Plan de Desarrollo de Colombia, del siguiente cuatrienio, vigente hasta el año 2022 y ha sido su foto más visible y más asimilable para la gente. La carta está echada, por así decirlo. Así, el desvelo permanente será por la fórmula planteada: legalidad y emprendimiento igual a equidad.
Así mismo puede decirse que el Plan, titulado como el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, ha sido el hecho que sobresale hasta el momento en dirección de la gobernabilidad, dentro de los muchos que clama el país. Entendiendo la gobernabilidad como la cualidad de “hacer gobernable” la nación, donde se contó con el concurso del Congreso y sus bancadas, la ciudadanía -algunas visitas a departamentos y distritos- y las distintas tendencias políticas, que se avocaron por sus fines.
Esto en medio de un deseo de Acuerdo nacional que, por el contrario, camina lento. Pues es tal el grado de polarización, por cuenta de la paz y de la ideología, que en el extremo no se da tregua ni para pensar. De ahí el llamado del Presidente, en el mismo Taller, a no “desdeñar los valores de la legalidad en la construcción de la paz”, como si no se tratara ella, la legalidad, de un principio universal, una razón para todos.
Casi que puede concluirse que en su concepción el Plan de Desarrollo, tiene una pata que es la legalidad que, si bien se enmarca con unas metas, depende en una buena medida de la capacidad de proyectar, la búsqueda de la legalidad, por encima de todo, como un “patrimonio común” (definición que hiciera Álvaro Gómez del Acuerdo sobre lo Fundamental).
Ese sería en específico el Acuerdo nacional: un país que se le mide al reto de ser una Colombia que se transa por la legalidad, que, como el mismo Plan la define, cobija una alianza contra la corrupción, el acceso a la justicia para la protección de las libertades individuales y los bienes públicos, la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento de la rama judicial, donde “se asegura que en legalidad hagamos viable el que la hace la paga”.
En el trasfondo, concebir y proyectar una sociedad, que al alcanzar una mayor legalidad, logrará una mayor equidad debería ser el propósito del Acuerdo nacional. Esa sería la línea para pasar del Pacto al Acuerdo, con las reformas estructurales que se requieren y si llegare a ser el caso vía una Constituyente.
Es llegar a la misma convicción, que no ha tenido tutía del Pacto por la Equidad vía el desarrollo regional. Donde la productividad se convierta en la fuente primordial de crecimiento, con un propósito claro por el cierre de brechas, en la especialización económica de cada una de estas regiones, su competitividad y conectividad bajo el loable propósito de impulsar la creación de riqueza como unívoca receta “para evitar que los colombianos que han salido de la pobreza vuelvan a caer en esa condición”.
*Presidente de la Corporación Pensamiento Siglo XXI