Un verdadero fenómeno económico ronda las finanzas del Estado colombiano. Se trata de las demandas que pesan contra él. Los expertos las tasan en un poco más de 400 billones de pesos, mientras el Presupuesto Nacional 2017 es de 225 billones. Según las estadísticas de casos juzgados, el 70% de los pleitos son perdidos por el Estado. Pero lo que mucha gente no sabe es que ese dinero, que va para pocas personas, sale del bolsillo de los colombianos, de los impuestos que se pagan, disminuyendo así la capacidad de inversión social y en infraestructura. 

Desde luego que esa danza de millones que se pierden es el producto de la irresponsabilidad administrativa, de la corrupción, de la soberbia y prepotencia de algunos funcionarios públicos. También de la arbitrariedad, los excesos, el abuso del poder, las imprudencias, los errores de la justicia y de muchas otras causas que, aun conociéndose, no son advertidas por los servidores públicos. El Estado en su esquema de contratación a funcionarios se preocupa más de la burocracia, de los papeles, títulos, tarjetas profesionales y demás parafernalia, que de hacer unos exámenes de sentido común, acciones y reacciones ante diferentes casos que se presentan, de lo cual hay muchísima estadística para conocer las causas de las numerosas demandas contra el patrimonio nacional. 

Así como vamos en ascenso, esta cifra se incrementará al punto de insostenibilidad. Será indetenible y nos llevará a una catástrofe económica, porque finalmente la vía para pagar es la de los impuestos. Pues todo, absolutamente todo, se paga metiendo la mano en bolsillo de los contribuyentes y en esto los gobiernos son dulces para hacerlo. Recuerdo una entrevista en que el presidente Santos afirmó que en su mandato no haría ninguna reforma tributaria, que lo escribiría en piedra. Veamos esta última, el IVA subió al 19%, afectando a 430 productos de la canasta familiar, la medicina, la educación, la diversión, la ropa y todo lo que concierne al consumo regular de una familia. Se le colocó IVA a una serie de servicios como la peluquería, bañarse en una piscina, las gaseosas y bebidas energéticas, en fin. El combustible sube periódicamente afectando el costo del transporte masivo, de carga y particular. Y ahora hasta el impuesto a las pensiones anda rodando. En fin, financiar el déficit del Estado, la corrupción, el acuerdo de paz, los reinsertados de la guerrilla, los partidos políticos y hasta a las Farc, es muy oneroso. Y para rematar, las demandas contra el Estado. Todo con nuestro trabajo. Es un golpe desconsiderado al pueblo colombiano. 

arangodiego@hotmail.com