Desde las sociedades antiguas existe el derecho de propiedad y a lo largo del transcurrir de la historia siempre ha dado motivo a enfrentamientos, guerras y discusiones. Ha pasado de una concepción absoluta para su titular, a considerarlo como un robo en el siglo XIX en los escritos de Pierre Joseph Proudhon, a la función social que le asignó el Estado Social de Derecho.

Las discusiones de antaño toman un nuevo sabor en el gobierno del cambio y pareciera que va a ser uno de los derechos fundamentales que va a ser sacudido con las nuevas políticas públicas que se le presentan a los colombianos.

Comencemos con el tema de las invasiones que vienen haciendo algunos sectores de la población y que, al parecer, no provocan la actuación de las autoridades para hacer cesar las ocupaciones de hecho. Al contrario, el ministro de Defensa, con una interpretación equivocada acerca del alcance del artículo 81 del Código Nacional de Policía, señala que la policía nada puede hacer luego de 48 horas, sin una orden judicial. Por supuesto, que está equivocado, el mismo Código Nacional de Policía, ordena a los inspectores y alcaldes a proteger la propiedad, la posesión, el derecho de servidumbre y hasta la tenencia, dentro de los cuatro meses siguientes a la perturbación, y pueden dar órdenes a la Policía para proteger el derecho, sin intervención judicial alguna.  El mensaje que se da es tolerancia para las invasiones y de inercia para las autoridades policivas.

Por su parte, el ministro de Interior, en el Congreso de Andesco en Cartagena, señala la nueva política del Gobierno en materia de ocupación de tierras, señalando: “Estamos planteando un diálogo regional y social porque entendemos que hay una manera diferente de abordar este tema desde la perspectiva cultural”.   Que lo que se intenta hacer es un nuevo mapa de Colombia con esta visión regional, teniendo en cuenta elementos como la conflictividad de los territorios.  Agregó que el derecho a la propiedad es fundamental y hay que respetarlo.  “Por eso, hay que buscar la manera cuando hay una contradicción de derechos con dos poblaciones tensionadas interpretando de manera diferente el problema se encuentre una salida basada en la ley y que no afecte a ninguno de los involucrados”. El mensaje es claro, la protección constitucional ya no es ordenando desocupar al invasor, sino abriendo un dialogo Inter partes.

De otro lado, viene el proyecto de ley de sometimiento de los grupos delincuenciales para poder alcanzar la paz total.  Una de las prebendas que se ofrecen a los delincuentes que se acojan, amén de las rebajas, es conservar el 10% de sus patrimonios mal habidos, para que puedan subsistir congruamente.   La paradoja es que se reconoce y tutela la propiedad mal habida en un porcentaje, que afecta la reparación de las víctimas.

No hay que ponerlo en duda, las cosas están cambiando y sin necesidad de reformar la Constitución; ¡nos ahorramos la constituyente!