La  publicación de los acuerdos parciales,que han logrado, hasta el momento, el Gobierno y las Farc es un buen paso.

El silencio del primero y la locuacidad de los herederos de Marulanda impedían opinar sobre coincidencias concretas entre los dos interlocutores.

Ahora es conveniente estimular un debate nacional, que puede ser intenso y constructivo, sobre lo que se dio a conocer a los colombianos.

Esa controversia, además, sería de mucha utilidad si es que se llega a entendimientos sobre el 100% de todos los temas que se discuten y es necesaria, entonces, la refrendación popular de lo acordado. Dicha discusión permitiría que los ciudadanos estén más y mejor informados para tomar las decisiones que, a su juicio, le convengan al país.

De otro lado, el asunto del mecanismo de refrendación no es de poca envergadura. Para evitar especulaciones sobre lo que falta, que es mucho y de gran complejidad, los documentos que se hicieron públicos muestran que el pueblo colombiano tendría que pronunciarse sobre las más diversas materias.

Y no de cualquier manera.

Como se requerirían múltiples cambios constitucionales y legales, es impensable que se convoque a la gente a decir solamente si o no. En este caso no se le sometería al pueblo  “una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional”, que es lo que permite la institución de la consulta popular.

Por otra parte, debe recordarse que ellas no pueden realizarse sobre temas que impliquen modificación a la Constitución Política. La refrendación tampoco podría hacerse convocando un plebiscito, toda vez que este mecanismo está consagrado en la Carta para que la gente se pronuncie “sobre las políticas del ejecutivo que no requieran aprobación del Congreso”.

El camino sería, teóricamente, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, la convocatoria de un referendo atípico. Así es.

Atípico porque implicaría una rara y difícil mezcla de referendos derogatorios y aprobatorios de normas de rango constitucional, legal e, inclusive, de ordenanzas y acuerdos, habida cuenta de que se están tratando materias que tocan todos los niveles de nuestro ordenamiento territorial.

Adicionalmente es necesario tener presente que el referendo debe presentarse “de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado qué votan positivamente y qué votan negativamente”.

¿Se imaginan ustedes el tiempo, para hablar solo de este tema, que tendrían que dedicarle los colombianos, de formación tan heterogénea, a la lectura de un gran número de normas para derogar unas e incorporar otras al ordenamiento jurídico como consecuencia de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc? Ya tenemos una experiencia que no salió bien.

Recordemos lo que sucedió cuando el entonces presidente Uribe promovió el referendo contra la corrupción y la politiquería debido a que no fue posible votarlo en bloque, entre otras cosas.

Hasta aquí puede decirse que no hay mecanismo apropiado bien sea por la naturaleza del mismo o por las dificultades prácticas, que son muy difíciles de superar. Quedaría el camino de preguntarles a los ciudadanos si se convoca una Asamblea Nacional Constituyente “con la competencia, el período y la composición que determine la ley”.

Al análisis de esta posibilidad y el diseño de un mecanismo nuevo hay que dedicarle otra columna. Por lo pronto, lo que debe hacerse es promover debates que respondan a los desafíos de la refrendación.