SE suponía -según promesas del candidato- que durante la administración de Iván Duque, bajo su directa conducción, los trabajadores y profesionales, los más pobres y la clase media, los pequeños y medianos empresarios, los estudiantes, así como los pensionados,  tendrían, si no mayores ingresos, al menos una cierta seguridad en lo relativo a la conservación del poder adquisitivo de la moneda, porque no se incrementarían los impuestos, se velaría por un salario justo y se buscaría un manejo equilibrado de la economía, dentro de criterios sociales y democráticos. Se empeñaría el Gobierno en solucionar  los grandes problemas de la mayoría.

Infortunadamente, los primeros cien días del gobierno culminan con una generalizada sensación de desencanto y descontento. Las grandes propuestas  económicas de la administración han consistido en extender el IVA a la mayoría de los productos de la canasta familiar, en gravar las pensiones y a las personas naturales, diciendo que esa es la única forma de cubrir un déficit fiscal de catorce billones de pesos. Desde luego, si atendemos a lo  dicho públicamente por voceros del Ejecutivo,  con una especie de chantaje institucional: si esto no se aprueba no se podrán sostener los programas sociales del Estado, ni la política de subsidios, ni los costos del Acuerdo de Paz.

Se decretan, además, alzas en la gasolina, aunque los precios del petróleo en el mundo siguen a la baja –5% semanal, y  la de noviembre es la mayor caída de las reservas de petróleo en Estados Unidos desde 2016-. Pero en Colombia, inexplicablemente, sube para los usuarios lo que pagan por el  combustible.

Ya veremos que, en los debates acerca del ajuste al salario mínimo para 2019, aunque los trabajadores tendrán una mayor carga tributaria y subirán los precios de todos los productos y servicios, los ministros serán partidarios de un incremento insignificante, que se traducirá en una reducción del salario en términos reales.

Entre tanto, los bancos -cuyas enormes ganancias y dividendos  crecen, sin peligro alguno de tener que asumir mayores  impuestos- cobran por todo, hasta  por el uso de los cajeros automáticos y por informar el saldo de las cuentas, y en cambio asedian a sus clientes con llamadas en horas de descanso, incluso antes del vencimiento de los plazos.  

El sistema de salud, definitivamente no funciona. Los intermediarios abusan de los afiliados y pacientes. Niegan -porque sí- los tratamientos, medicamentos e intervenciones, sin que la Superintendencia correspondiente ejerza una vigilancia eficaz, y sin que el Ministerio proponga alguna fórmula de solución. La acción de tutela es el único instrumento de defensa para la protección de la salud y para evitar muchas muertes, y sin embargo no faltan los críticos que quisieran prohibirla para tales fines, con el argumento de que hay demasiadas demandas.

Los corruptos, claro, están felices porque, al llegar nuevos recursos por la vía tributaria, tendrán nuevas oportunidades para incrementar sus jugosas e ilícitas ganancias.

Estudiantes y profesores universitarios reclaman justamente el fortalecimiento financiero de la educación pública, y piden hablar con el Presidente, pero éste delega en la Ministra de Educación, que nada soluciona.

El Estado Social y Democrático de Derecho es, hoy más que nunca, una utopía.