Desorden operativo | El Nuevo Siglo
Lunes, 8 de Junio de 2015

“Modelo de aseo ideado por el alcalde Petro”

Una debacle anunciada

El  Contralor de Bogotá informó que el modelo de aseo ideado por el alcalde Petro presentaba a diciembre 31 de 2014 un déficit de  $ 43.000 millones. Asegura el Contralor que ello es el resultado de contar solamente con 7.000 millones en el banco para cubrir obligaciones por pagar que ascienden a 50.000 millones, lo que indica la pobreza de los recaudos y la incapacidad para cubrir los compromisos ya causados. Para completar el oscuro panorama, la Contraloría halló que la implementación del esquema, desde sus inicios, “le ha generado al Distrito costos adicionales por $ 102.000 millones”, montos que aproximadamente pudo establecer el órgano de control, porque la alcaldía “no tiene cifras claras” y porque los dineros se vienen manejando “como si se administrara una hacienda”, con “un desorden operativo, sino también financiero y contable”.

Esta situación es la consecuencia de una debacle anunciada. En su momento todas las instituciones concernidas por las improvisaciones del alcalde y preocupadas por sus consecuencias, advirtieron sobre los efectos nocivos de este antojo. La Veedora Distrital hizo un sinnúmero de exhortaciones, las superintendencias de Industria y Comercio y de Sociedades hicieron lo propio, así como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, en ejercicio de sus funciones preventivas.  

De nada sirvieron y Petro puso en marcha su modelo de aseo mediante un esquema confuso, en el que intervienen varias agencias públicas (Uaesp, EAB y Aguas de Bogotá) y varios operadores privados, lo que imposibilita la eficiencia de la tarea, y no permite un control efectivo en los componentes técnicos, financieros y operativos de la prestación del servicio.

No es de extrañar que ello haya dado lugar a la apertura de varios juicios de responsabilidad fiscal por la suma de 115.025 millones, que ojalá no se vean afectados por la presentación de innumerables tutelas y de toda clase de acciones judiciales, como aquellas con las cuales el alcalde abusó del derecho para enervar la sanción de destitución de la Procuraduría, acciones que siempre encuentran un despistado magistrado para tutelar un derecho fundamental inexistente, o soslayar el dolo evidente con el que se impuso ese caprichoso modelo de aseo.

Las víctimas de este despropósito somos los ciudadanos que nos vemos afectados por la inocua prestación de un servicio esencial para la protección del medio ambiente y para la salubridad de la población capitalina, y a la vez abocados a un aumento significativo de tarifas para asegurar la continuidad de un servicio condenado a la ineptitud e ineficiencia.