Frente a la situación de inseguridad que se vive en el país, la sociedad en general, pide que se incremente el pie de fuerza policial en determinados sectores, donde no solo la inseguridad, sino las amenazas son evidentes y constantes. Es entendible esta manifestación, pues los ciudadanos ven en la presencia policial, la esperada defensa protectora de esas catervas delincuenciales, que poco a poco se van apoderado de determinados sectores, aprovechando que las comunidades ante la coacción de los antisociales, abandona sus predios dejando el campo libre a la delincuencia, a tal punto de perder el control de sus mismas residencias.

Tenemos sectores en las ciudades capitales, donde el hampa campea por calles y parques, retando las comunidades con sus comportamientos agresivos y grotescos. Pero la realidad es que no solo la presencia de los uniformados es suficiente para depurar y generar tranquilidad ciudadana, ellos hacen parte del engranaje, donde la justicia juega un papel preponderante. De nada sirve una comunidad comprometida y una policía eficiente, si la justicia no brilla en todo su esplendor y cuando hablamos de justicia no solo hacemos referencia a la judicialización del delincuente, que de por sí es sumamente importante, nos referimos al castigo, a la aplicación de la pena contemplada en la ley, para lo cual urgen los centros carcelarios suficientes y adecuados al fin último de la justicia como es la resocialización.

El tema carcelario se ha venido deteriorando a lo largo de los años. Desde tiempos inveterados hemos sufrido de hacinamiento en estos centros, y los gobernantes han sido tolerantes ante esta situación, a punto de terminar la Policía Nacional saliendo en defensa de la realidad, al permitir que sus cuarteles, lugares de trabajo y vivienda, se conviertan en salas de detención, aun sin contar con la infraestructura mínima para atender la demanda sanitaria. Los espectáculos que se viven en estos lugares son deprimentes, lúgubres y sombríos, dura realidad que demanda una urgente atención, pues este hacinamiento generalizado, es caldo de cultivo para la descomposición, la intimidación y la corrupción. Es decir, como en otros estadios se ha sostenido, estos centros carcelarios son universidades del crimen, ubicadas muy lejos de la mínima resocialización.

Afirmamos, sin temor a equivocarnos, que en el dispositivo de la seguridad -tanto rural como ciudadana-, la presencia de la justicia es imperativa y esa justicia necesita una infraestructura apalancada en la tecnología de punta, con  instalaciones apropiadas, y concebidas para albergar un número representativo de reclusos, en instalaciones adecuadas. Es perentorio que este tema cuente con dolientes dentro del establecimiento, no podemos continuar siendo un país que, de lejos, sobrepasa su capacidad carcelaria y no muestra interés alguno para solucionar esta situación que, a la larga, es vergonzante y deplorable.