El Sumo Pontífice Juan Pablo II afirmó acertadamente “que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”. Está en lo cierto y esa es la importancia que reviste el Acuerdo final suscrito en La Habana: abre las posibilidades para la más profunda transformación política, económica, social y ambiental de nuestro país.
Es esta la oportunidad para el campo, por tantos años relegado al olvido, para que a quienes fueron despojados de su única heredad, que era la tierra, se les restituya, sin poner en riesgo, como se ha dicho tendenciosamente, la tenencia y la propiedad adquirida con justo título y buena fe. Para que hasta esa Colombia profunda, postergada y atrasada vuelva el Estado por sus fueros, a marcar territorio con su presencia, llevándoles oportunidades de progreso y de inclusión social y de esta manera empezar a corregir la desigualdad de trayectoria que agobia a sus moradores.
El Alto Comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, acertó cuando afirmó que la paz es territorial y ello ha sido de buen recibo en las regiones. En las regiones se abriga el temor de que el centralismo, que se resiste a desaparecer, perviva a estos cambios y a estas transformaciones y que al final tengamos que repetir con el poeta León De Greiff que “todo pasó sin que pasara nada”. Por ello, interpretando el querer de los señores gobernadores y las señoras gobernadoras, hemos sido claros y categóricos con el Gobierno Nacional en demandar un nuevo trato. Esperamos de él que la implementación de los acuerdos se haga desde los territorios y no desde los escritorios, con un enfoque territorial, diferencial y diferenciado, que consulte la realidad de las regiones.
También se le ha planteado al Gobierno Nacional la necesidad de integrar una Misión especial que permita avanzar en la ampliación, profundización y consolidación de la descentralización administrativa y encaminarnos hacia la autonomía territorial, prescrita en la Constitución Política. En este sentido aspiramos y esperamos que se concrete un acuerdo sobre los términos de un proyecto de ley de fortalecimiento territorial para la paz, que cree las condiciones para revitalizar la figura de las Regiones Administrativas y de Planificación y avanzar en el propósito de que las regiones se puedan constituir como entidades territoriales. Así mismo, se debe trabajar por parte de esta Misión en la expedición de un nuevo Código de Régimen Departamental.
Finalmente y no por ello menos importante, queremos llamar la atención del alto gobierno sobre la circunstancia de que el verdadero desequilibrio de poderes en este país no es propiamente entre las ramas del poder, sino entre el poder central y el poder de los entes territoriales. Esta es la oportunidad para emparejar las cargas, profundizando la descentralización y promoviendo la autonomía territorial.
*Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos