Los cierres escolares que impusieron distintos gobiernos a través del mundo a raíz del Covid-19 han sacado a relucir el activismo político de muchos sindicatos de maestros. En Estados Unidos, por ejemplo, la organización Demand Safe Schools, la cual representa a maestros sindicalizados en varias ciudades a través del país, anuncia que sus miembros no regresarán a las aulas a menos de que haya una moratoria para los exámenes estandarizados y que “los multimillonarios y Wall Street” paguen impuestos adicionales.
En distintos estados, los sindicalistas se resisten a la reanudación plena de las actividades académicas mientras los colegios privados sí abren sus puertas. Por lo tanto, no sorprende que se haya disparado la demanda para los modelos alternativos de educación pública. Estos consisten en los colegios “charter” o “en concesión”, que son financiados por el fisco, pero administrados por instituciones privadas, y en los bonos escolares, los cuales les permiten a los padres hacer uso de la porción del presupuesto educativo por alumno que les corresponde para pagar el colegio privado de su preferencia.
Al mismo tiempo, han surgido estudios -por ejemplo, de las firmas Ipsos Public Affairs y Common Sense Media- que sugieren que los colegios privados y en concesión se han adaptado mucho mejor a la enseñanza virtual durante la pandemia que las escuelas públicas, sobre todo en términos de la introducción de nuevo material de aprendizaje, el contacto semanal entre estudiante y profesor y la satisfacción general de los padres. En parte, este éxito refleja cómo los innovadores en el sector privado de educación avanzaron en la enseñanza virtual mucho antes de que surgiera la reciente crisis de salud pública.
En el estado de Pensilvania, por ejemplo, hay 15 colegios en concesión que operan de una manera completamente virtual hace varios años. Aunque dichas “ciberescuelas” les brindan a sus alumnos todos los equipos necesarios para el aprendizaje en internet al igual que una asistencia financiera para el acceso a internet de banda ancha, reciben 27 % menos recursos por alumno que los colegios públicos tradicionales. Esto comprueba que, de por sí, un mayor gasto estatal en la educación no significa una mejor calidad del servicio.
Lo que impide la migración masiva desde la educación pública hacia los colegios en concesión no es la falta de voluntad de las familias, sino la oposición política de los sindicatos de maestros. En marzo, por ejemplo, el cabildeo sindical impidió que 1.600 estudiantes se matricularan en una ciberescuela en el estado de Oregón. Por su parte, Demand Safe Schools también amenaza con boicotear la reapertura escolar a menos de que cese la apertura de nuevos colegios concesionados.
La libertad educativa recibió un fuerte impulso en agosto, cuando el senador Republicano Rand Paul, del estado de Kentucky, presentó un proyecto de ley para permitir que las familias reciban directamente los fondos federales destinados a la educación primaria y secundaria. Así, los padres obtendrían el poder financiero para escoger un colegio privado para sus hijos.