El presidente Gustavo Petro ha logrado ocupar los espacios mediáticos desde su posesión que le han garantizado imponer los temas y adelantar las controversias que permanentemente suscita y lo mantienen en constante comunicación con su más fiel electorado. Sabe, además, que el factor sorpresa en la guerra como en la política otorga ventajas considerables porque suelen modificar los escenarios previsibles de las confrontaciones. Cuando los recientes cambios en el gabinete auguraban mayor presencia de incondicionales de la izquierda radical, el presidente sorprendió con el nombramiento de Juan Fernando Cristo en Min Interior, no solo por su experiencia política, sino también por los impactos que se desprenden de sus primeras declaraciones.  

Con Cristo a cargo de la política se estimula el retiro de Cesar Gaviria de la conducción del partido liberal y podrían asegurase las mayorías en el Congreso para facilitar las elecciones de presidentes del Senado y de la Cámara y de las mesas directivas de las respectivas comisiones permanentes de ambas corporaciones. El compromiso, hasta hoy incumplido, de implementar el proceso de paz del expresidente Santos,  favorecería el trámite de las iniciativas gubernamentales y podría incidir en las elecciones de Procurador y magistrados de las Cortes Constitucional y Suprema, todo ello a la sombra de un eventual acuerdo nacional con los partidos y los gremios con miras a una posible Constituyente bajo el gobierno que se elija en el 2026, lo que puede, a priori, interpretarse como una concesión de Petro a su eventual reelección.

Vivir en modo constituyente por más de dos años se asemeja más a una condena que a una oportunidad de cambio, con mayores incertidumbres que certezas, con un gobernante y un cortejo de incondicionales imprevisibles, cuando no signados por la intemperancia propia de los iluminados de su entorno más cercano, anclados en breviarios desuetos, cuya aplicación en el pasado ha sido sinónimo de pobreza y represión.

Al ministro Cristo le espera el calvario de la paz total que hoy adolece de sindéresis y ha empoderado a la criminalidad en los territorios en los que impone descaradamente sus pretensiones y ejerce como autoridad sin respuesta eficiente de un gobierno que, además, viene logrando la desarticulación de la Fuerza Pública. Sin la recuperación del orden público y la seguridad en los territorios resulta inviable la convocatoria a una constituyente. Imponerla implicaría la anuencia de las organizaciones criminales y el cierre del Congreso en el tiempo de sus deliberaciones, lo que podría allanar el camino para soluciones autocráticas que comprometerían la paz y el destino de Colombia.

El acuerdo nacional, si realmente se quiere concretar, haría innecesaria la convocatoria de la constituyente, porque sus decisiones se abonarían a la recuperación de la tranquilidad, que desgraciadamente no ha sido preocupación de quien la ha alimentado sistemáticamente con sus beligerantes mensajes en las redes sociales. Hoy, la decepción ciudadana con las ejecutorias del presidente resulta más emblemática que la que acompaña a la clase política que a diario fustiga.    

Difícil tarea la del ministro Cristo. No le será fácil construir un acuerdo nacional en medio de las invectivas presidenciales, el desencanto ciudadano con la gestión de Petro y las sospechas que acompañan la propuesta de Asamblea Constituyente. A pesar de que la oposición viene perdiendo la batalla mediática y se siente lejana de lograr la convergencia de sus diversas y dispersas fuerzas, el país comprende que la inseguridad, la reactivación económica, la salud y la educación son las prioridades que exigen atención inmediata.