Uno de los puntos más difíciles de la negociación de La Habana fue el componente de justicia. Para poder avanzar fue necesario incluso, que el Estado colombiano se “diera el lapo” de sustituir la justicia colombiana por una jurisdicción especial, la actual JEP.  Fue una exigencia de las Farc, que se presentó bajo el ropaje de una justicia transaccional, que la justicia ordinaria colombiana, no estaba en condiciones de aplicar. Nada más equivocado, ya la justicia ordinaria había aplicado el mismo sistema de justicia con los paramilitares; pero fue la exigencia, y el Gobierno y sus asesores cedieron en ello.

Por supuesto, que todos los colombianos estamos atentos para que dicha justicia especial, posconflicto, opere eficazmente. Solo frente a buenos resultados, se justificaría semejante sacrificio institucional.

El 24 de octubre de 2019, la JEP vinculó, en calidad de comparecientes, a 37 integrantes de la antigua guerrilla de las Farc EP y se citó a 14 de ellos a rendir versión individual dentro del caso 07, conocido como el de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.  Los comparecientes vinculados y citados a las versiones deben aportar información sobre la existencia, origen y evolución de la política que orientó o permitió la vinculación de los niños y las niñas al conflicto armado por parte de la organización armada y las violaciones a los derechos que fueron consecuencia de dicha traza. Además, se investigan otras formas de participación de menores en el conflicto: como cocineros, cargadores, mensajeros, informantes, acompañantes del grupo y quienes fueron reclutados para propósitos sexuales. Llovieron los recursos para eludir la comparecencia y el pasado 24 de julio, la JEP dejó en firme la decisión. Tendrán que comparecer, como es su obligación.

En  este caso también se investigan otros delitos de los que pudieron ser víctimas los niños, o sus familias y comunidades, como consecuencia o relacionados directamente con su vinculación al conflicto armado: homicidios, amenazas o cualquier otra transgresión que pudieron sufrir las familias o las comunidades como consecuencia de la violencia ejercida para forzar la vinculación de los menores de edad, y los hechos de violencia sexual asociados con el reclutamiento o utilización, como el abuso, la violación y los abortos forzados. El caso abarca la investigación de alrededor de 8.000 hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado reportados por la Fiscalía General de la Nación.

Negarse a comparecer o negar los hechos, configura un incumplimiento de los compromisos y una frustración de la expectativa social frente a los acuerdos de Paz.  Además, sería un verdadera torpeza que, por no colaborar con la verdad de lo ocurrido, toda esta atrocidad quede en la impunidad; abriendo la puerta a una justicia subsidiaria internacional, por no cumplirse  con el parámetro elemental del proceso. No puede haber paz si no se cumplen los presupuestos de justicia, verdad y reparación. La reputación de la JEP se encuentra en el observatorio nacional.