Como es consabido, Colombia lleva muchos años arrastrando con los déficits gemelos (déficit fiscal y déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos), los cuales se mantuvieron aún en medio del largo ciclo de precios altos de los commodities (2003 – 2011), a contrario sensu de lo acaecido en el resto de países de la región.
Ello se explica en gran medida porque el recaudo impositivo en Colombia se estancó hace rato y oscila alrededor del 15% del PIB, mientras que, según la CEPAL, el promedio en Latinoamérica está en el 22.8% y el promedio en la OCDE, club de buenas prácticas al que ingresó Colombia recientemente, es del 34.2%. Se aspira y espera que con la entrada en vigencia de la reforma tributaria que acaba de aprobar el Congreso de la República se supere ese umbral.
En contraste, el nivel del gasto público fluctúa en torno del 19%, de manera que se presenta de manera recurrente un descalce entre ingresos y gastos de 4 puntos porcentuales del PIB. La única manera balancearlos es incrementando los ingresos corrientes de la Nación y/o reduciendo el gasto. Pero, el gasto público en Colombia, según la Comisión del gasto, está indexado de un año a otro a ritmos del 4% real anual. De modo que no queda otra alternativa que arbitrar mayores recursos vía impuesto, a riesgo de seguir abultando la ya de por sí elevada deuda pública.
El déficit fiscal de la nación es estructural y desde que el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla asumió dicha cartera, en lugar de corregirlo se propuso mimetizarlo, recurriendo a prácticas poco ortodoxas. Y sí, se dedicó a pagar deuda con deuda, emitiendo TES a tutiplén. Se están “utilizando formas de contabilización heterodoxas, que pueden poner en cuestión la tradicional seriedad de Colombia en el manejo de sus cifras fiscales”, manifestó contrariado Guillermo Perry Rubio, entonces miembro del Comité consultivo para la Regla fiscal.
Dicho lo anterior, no es de extrañar el pronunciamiento de la Contraloría General de la República luego de auditar las cuentas de la Nación al corte de diciembre 31 de 2021. En su Informe al Congreso de la República “la CGR consideró que la evidencia de auditoría obtenida proporciona base suficiente y adecuada, por lo que concluye que las incorrecciones fueron materiales y generalizadas en la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la nación, por lo tanto, emite una opinión no razonable para la vigencia 2021. La CGR evidenció incorrecciones que sumaron $49,30 billones, 14,3% del presupuesto definitivo”.
Y hablando del déficit fiscal, según la Contraloría General el gobierno nacional registró para 2021 un balance fiscal deficitario de $83,69 billones, equivalente a -7,11% del PIB. Claro está que si se añade el déficit del Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles (FEPC), que supera los 3 puntos porcentuales del PIB, dicho déficit bordeaba el -12% del PIB, lo cual es una monstruosidad.
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