Nuevamente se revivió el debate sobre el derecho a morir dignamente, con ocasión del fallecimiento de Vicent Lambert en París hace algunos días, quien había estado con soporte vital por más de una década en el Hospital Sebastopol en Reims, en el noreste de Francia. El paciente de 42 años sufrió un daño cerebral severo, como consecuencia de un accidente automovilístico en 2008 y se encontraba en un estado vegetativo. Los facultativos médicos habían pronosticado que su situación era irreversible.
Durante más de cinco años se libraron batallas legales entre los miembros de su familia, sobre retirarle el soporte vital para que la naturaleza actuara o si debía mantenérsele vivo a cualquier costo; provocando un debate en el país, que trascendió a organismos internacionales. De un lado, la esposa y hermanos querían desconectarlo de los aparatos que ayudaban a mantenerlo con vida y, por el otro, sus padres, fervientes católicos, se oponían a la desconexión y solicitaron la intervención del Presidente de Francia, Emmanuel Macron, quién rechazo sus llamados para que emitiera un decreto presidencial para mantener a Lambert en el soporte vital. El Papa también intervino señalando: “Oramos por aquellos que viven con una enfermedad grave. Salvemos siempre la vida, el regalo de Dios, desde su inicio hasta su final natural. No nos rindamos a una cultura desechable”.
En mayo, todo parecía concluir, con una sentencia judicial que permitía a los médicos retirarle el apoyo vital a Lambert. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo se había pronunciado previamente en igual sentido. Esto llevó a los médicos a implementar el proceso de eutanasia “pasiva”, que en Francia es permitido. Sin embargo, el Tribunal de apelación suspendió la orden. El mes de junio, el Tribunal de Casación de Francia anuló la decisión del tribunal de apelación, permitiendo a los médicos dejar de alimentar a Lambert el 28 de junio. Finalmente, el paciente falleció.
Colombia es país pionero en América Latina en contar con un procedimiento definido para practicar la eutanasia en adultos e incluso, con una reglamentación para menores de edad, pero con algunos vacíos frente a pacientes en estado de coma. Todo en medio de acalorado debate, por sectores conservadores y religiosos que ponen en entredicho el derecho de las personas a una muerte digna.
Se trata de hacer efectivo el derecho fundamental de la vida, en su otra cara; la vida y la muerte son caras de la misma moneda; así como la persona tiene derecho a vivir con dignidad, también tiene derecho llegada su hora, a “hacer efectivo el derecho a morir con dignidad”, siempre con la exigencia de que la enfermedad sea terminal, causando sufrimiento constante, insoportable, que no pueda ser aliviado”. El paciente tiene derecho a que se le retiren los aparatos que artificialmente lo mantienen con vida y a que la medicina heroica no se ensañe en él, impidiéndole la llegada a una muerte bienhechora.
Este es un tema de controversia; enfrenta a la sociedad por sus diferentes concepciones sobre la vida y la muerte y sobre la posibilidad de que el enfermo terminal decida poner fin a sus padecimientos. Tratándose de menores de edad o de pacientes incapaces o vegetativos, la polémica crece. Hay que pensar en los pacientes y en las familias que padecen su sufrimiento. Una cosa es prolongar la vida, pero otra muy distinta es mantener la agonía e impedir una muerte bienhechora.