El nuevo gobierno recibe una economía en condición paradójica. Desde el punto de vista del crecimiento las cosas pintan relativamente bien, tanto para este como para el año que viene.

Cuando se comparan las proyecciones de los diversos observadores, Colombia es uno de los países que mejores índices de recuperación muestra. Y todo indica que el 2022 cerrará con un crecimiento excelente del PIB. En 2023, cuando decaen varios de los estímulos que se montaron para hacerle frente a la pandemia y cuando deben empezarse a sentirse las consecuencias del enfriamiento de la economía mundial que está empezando, el crecimiento será menor pero aceptable: 3%-3,5%.

Lo que no está bien es la situación fiscal. A pesar de los esfuerzos realizados para volver a alinear las cuentas fiscales que descuadernó la pandemia, todavía queda un camino arduo para completar el ajuste. El déficit está altísimo y el endeudamiento público anda por las nubes. El comité independiente de la regla fiscal ha dicho con toda claridad- contrariando lo afirmado por el ministro de hacienda saliente- que “la casa no está en orden”.

Para no citar sino una cifra: el proyecto de presupuesto para el 2023 que dejó presentado el gobierno saliente entraña una reducción nominal del 10% en relación con el presupuesto del 2022. Si lo traemos a valores reales (teniendo en cuenta que la inflación anualizada ya supera el 10%), es evidente que la inversión calculada por el gobierno saliente para el año entrante decae todavía más en términos reales

Es evidente que el gobierno Petro y sus programas nacidos de las frondosas propuestas de campaña no caben dentro de este presupuesto: de allí la necesidad imperiosa de la nueva reforma tributaria que ha preparado el ministro Ocampo y su equipo técnico. Y que deberá analizarse en próxima oportunidad.

La fuente para financiar los nuevos requerimientos de inversión no podrá ser, entonces, más endeudamiento. El nuevo ministro de Hacienda ha dicho en repetidas ocasiones que el gobierno entrante cumplirá con la regla fiscal. Esto significa que el ritmo de endeudamiento que trae el país tendrá que moderarse si efectivamente se desea cumplir con la misma. El déficit fiscal deberá disminuir en dos puntos porcentuales de ahora al 2025 cuando termina el periodo de transición de la regla fiscal.

Además, con el alza en las tasas de interés que se observan tanto en los mercados internacionales como en el doméstico, cada vez será más oneroso el endeudamiento público cuyo servicio ya compromete cerca de un 25% de los ingresos públicos.

Así las cosas, solo le queda al nuevo gobierno la vía de una reforma tributaria para financiar con nuevos recaudos tributarios las necesidades de gasto público, en lo cual tiene empeñada su credibilidad política.

Pero, aun así, el margen es limitado. Ya se dijo que lo de los $50 billones mencionados en la campaña era apenas una meta para todo el cuatrienio. Supongamos, entonces, que los nuevos recaudos tributarios se incrementarán a razón de 412,5 billones por año, o sea, una cuarta parte de la meta cuatrienal anunciada.

$12,5 billones de ingresos incrementales es una suma importante, pero bastante limitada frente a la catarata de ofertas de nuevos programas de gasto público que anunció el presidente electo durante la campaña.

Con lo cual se concluye sin mayores dificultades conceptuales que entre el nutrido ramillete de ofertas de campaña, el gobierno Petro forzosamente tendrá que establecer prioridades, secuencias temporales en el gasto incremental nuevo y aún deberá prescindir de algunas de las propuestas formuladas. Por ejemplo, la de que el Estado se convierta en una especie de empleador universal subsidiario que enganche a todo aquel que acredite estar desempleado. Ya el ministro Ocampo dijo que esta propuesta era imposible de cumplir.

Estas difíciles decisiones aflorarán de manera cuantificada en el plan cuatrienal de desarrollo, que deberá presentar el nuevo gobierno en los primeros 100 días para estar aprobado por el congreso a mas tardar el próximo 16 de diciembre.

Cerrar los dos extremos de la ecuación, a saber: cumplir con la regla fiscal y simultáneamente financiar las propuestas de nuevos programas de gasto público formulados durante la campaña, es el desafío mayor que enfrenta el gobierno que empieza este 7 de agosto.