Las buenas noticias se celebran con independencia de su autor y esto nos ocurre con el anuncio que hizo el pasado 26 de noviembre el Presidente de la República al prohibir cualquier forma de pesca de tiburón. Así lo dijo: “Hoy hemos tomado la decisión de Gobierno, soportada y sustentada, y es que se prohíbe en Colombia cualquier forma de pesca de tiburón, ya sea industrial o artesanal”.
Esta noticia la estábamos esperando hace bastante tiempo, la situación de los tiburones es preocupante, al punto que el año pasado nos opusimos a la cuota de 15.2 toneladas de aleta autorizada mediante Resolución 350, el Tribunal de Cundinamarca nos halló la razón y ordenó retirarla, pero esa era apenas una victoria, pues en la Resolución vigente de cuotas de pesca, la 434 del 18 de diciembre de 2019 a la pesca industrial se le asignó una cuota incidental de 475 toneladas de tiburón, así viene ocurriendo des hace más de 7 años, es decir la incidentalidad tiene patente de corso para sacrificar, al menos unos 4.750 tiburones, si pensamos que cada uno puede pesar en promedio 100 kilogramos.
Lo preocupante es que con estos cálculos estamos siendo muy optimistas, sabemos que hoy se pescan incidentalmente tiburones de diversos tamaños, en su mayoría menores a los 100 kilos, hagan sus cuentas y el resultado por donde se le mire es catastrófico para las diversas especies, porque además esa cuota es indiscriminada, le da el mismo trato al Tiburón Martillo que se encuentra en la categoría de peligro crítico (CR), es decir a nada de desaparecer del medio silvestre, que a cualquier otra especie de tiburón. Nada impide que el cupo se llene con las especies más vulnerables, máxime cuando el sistema de inspección a bordo es bastante limitado, por no decir inexistente.
Esperamos que el anuncio de prohibición sea contundente con la incidentalidad y obligue tanto a la pesca de palangre y de arrastre a realizar las innovaciones tecnológicas necesarias para ajustar las artes, para que ese propósito de protección de las especies se cumpla a cabalidad y no quede como un saludo a la bandera, ojalá no recurramos a la imperdonable estrategia de establecer excepciones, en últimas terminan convirtiéndose en la regla general, la incidentalidad no puede convertirse en un fantasma.
El otro reto es que la decisión no permita vacíos funcionales de las autoridades ambientales, porque me parece estar escuchando con prepotencia a la AUNAP diciendo que al dejar de ser recurso pesquero, por defecto se desentienden. Otras autoridades estarán tentadas a anteponer excusas tales como que no cuentan con la infraestructura para vigilar que la decisión se cumpla. Al ser considerado como recurso hidrobiológico, el deber de protección corresponde a otras autoridades, pero la AUNAP debe concurrir al esfuerzo y así debe quedar expresado en el acto administrativo, ya que es quien tiene contacto directo con los pescadores y controla el resultado de sus faenas.
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