Todo parece indicar que el gobierno del cambio se ha complacido en el ejercicio de procurar el paroxismo de los defectos y pecados que han venido envenenando el ejercicio de la política y deslegitimando el accionar de las instituciones del régimen democrático. Sin dubitaciones ha caído en el uso permanente de las herramientas que solía combatir y descalificar en el ejercicio de la oposición, sin sonrojos, pero valido del rabioso entusiasmo que semejante piñata despierta entre sus incompetentes activistas hoy encumbrados en el gabinete presidencial.
Los cupos indicativos, ideados por Juan Manuel Santos, desde el ministerio de hacienda, para permitir el canje de dineros por gobernabilidad, se incrustaron de manera progresiva en las relaciones del ejecutivo con el congreso hasta alcanzar los niveles delincuenciales que han minado la democracia y hoy estremecen la contrita conciencia ciudadana. La práctica recurrente de ese artificio se deshizo de toda confidencialidad porque se fue convirtiendo en herramienta de elegibilidad a las instituciones de elección popular y en instrumento necesario de gobernabilidad del ejecutivo que con el tiempo alteró la ética, el equilibrio de poderes y la propia independencia de los poderes del Estado.
Petro no tardó en identificar los constreñimientos que suponían la continuidad de cierta tecnocracia, que aún se resistía a los continuos embates de los usufructuarios de las nuevas destrezas, y procedió a su progresivo desmantelamiento en las instituciones del estado en las que tuviera oportunidad de intervenir, ministerios, y planeación nacional, que hoy extiende a las entidades adscritas y vinculadas a los ministerios, con el deleznable argumento de que “la técnica neutra, vuelta tecnocracia, solo es un engaño mental, no es más que poder de los más ricos de la sociedad y del mundo”.
Con pocas excepciones, los ministros y las cabezas de los organismos del estado son predominantemente reconocidos activistas, con equipos que se les parecen, inexpertos que solo comprenden los soliloquios del presidente e ignoran la complejidad inherente a sus tareas y el peligro que los circunda en cada decisión que les corresponda, y del que suelen percatarse cuando son llamados por la justicia. Con ello, solo se ha logrado introducir conductas que se pretenden legitimar y justificar con las promesas del presidente, así sean violatorias de la ley y acreedoras a las sanciones que para tal efecto contempla el ordenamiento jurídico. A nadie debe extrañar esta situación si el propio presidente estima que su ministro Bonilla resultó víctima del “mismísimo sistema político y de un relato periodístico que “busca destruir alternativas políticas”, esguince con el que pretende ocultar la avasalladora podredumbre que se esparce por gran parte de las entidades del gobierno del cambio.
El desastre ético que alimenta la hecatombe y amenaza el desempeño de muchas de las agencias del gobierno, ha desatado un fuego amigo, que no se logrará extinguir con procedimientos como el que tiene hoy a Benedetti en la oficina contigua a la del presidente. Por el contrario, aunados a las confesiones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, se verán replicados en otras dependencias en una migración que parece incontenible. A los testimonios de Sandra Ortiz y María Alejandra Benavides se sumarán muchos otros más, en búsqueda de beneficios procesales, así como señalamientos inesperados, pero repetitivos, como los del exministro Bonilla que abrió fuego amigo contra el ampliamente cuestionado presidente de Ecopetrol y el hijo adoptivo de Petro, recogiendo sindicación ya conocida pero aún huérfana de confirmación judicial.
Tardías las advertencias del embajador en Londres, curtido en el manejo de estos escenarios, que reclama poner fin a un ejercicio que califica de autodestrucción, como si fuera a estas alturas posible, cuando ya se ha caído en las deleznables prácticas políticas que ataño se denunciaban, magnificaban y se acompañaban de estallidos de violencia para pavimentar el sendero hacia el poder. La apurada propuesta de Petro de un pacto por la transparencia total resulta una distracción similar a la inalcanzable paz total.
El país clama por el rescate de la ética como pilar insustituible en el ejercicio del poder, indispensable a la legitimidad del régimen democrático y reto imprescindible para la restitución de sus valores que exige capacidad de innovación y mayorías que la respalden.