El galimatías de la paz | El Nuevo Siglo
Lunes, 27 de Mayo de 2024

Estamos viviendo tiempos cruciales en los cuales el presente y el porvenir de Colombia están en juego, donde no solamente peligra el modelo de vida y de la democracia tradicional, sino los restos del modelo institucional que sobreviven en el país.

La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República por la vía legal en unas elecciones libres, estuvo presidida de una campaña dentro de los esquemas democráticos, que ya el antes había respetado para llegar a la Alcaldía de Bogotá, como al Senado. Así que con cierto disfraz de oveja logra atraer un electorado que decían estar cansado de votar por los mismos con las mismas. Y en la campaña la que lo confronta es Ingrid Betancourt, con chismes de salón, denunciando que alguna vez en la sede diplomática de Colombia en Bélgica, lo había visto tirado en el suelo y fuera de sí. Las tesis vagas y sus diversas promesas no fueron refutadas, como lo de sembrar aguacates para sustituir los ingresos de la exportación de petróleo. Afirmando regularmente que respetaba las reglas de juego de la democracia colombiana.

Cuando hablamos de la democracia colombiana debemos recordar que la misma impera en una parte del país, dado que en el 70% de nuestro extenso territorio rige la ley del revolver o del más fuerte. Y con el cuento de la paz total, la virtual y relativa parálisis ofensiva de las Fuerzas Armadas, a las que les descabezaron el generalato y más de 150 altos oficiales de entrada, sin el fuero militar cuando entran en combate con los subversivos pueden ser juzgados por civiles en casos de denuncias penales. Mientras que los subversivos suelen ser premiados y amnistiados.  Si tuviéramos en vigencia el fuero militar como debe ser en una democracia respetable, el expresidente Álvaro Uribe, al gozar de ese fuero no estaría siendo acusado en una instancia civil, por cuanto como gobernante comandaba nuestras tropas.  Fuera de eso, el caso de su juicio se tipifica dentro de la persecución política.

En cuanto al excanciller Álvaro Leyva, quien ha dedicado gran parte de su vida a conseguir la paz con los grupos subversivos, no es de sorprender que con sutil casuística pretenda ahora que el acuerdo de paz con las Farc encierra el mandato de convoca una Asamblea Constituyente, que no se ha cumplido y por lo tanto para estar de acuerdo con los compromisos con la ONU deberíamos convocarla y no pasaría por tramites ni votación en el Congreso.

Lo que se le olvida al excanciller es que para legitimar la paz de Santos, que salva de prisión a los subversivos sin importar la gravedad de sus crímenes y los premia con curules en el Congreso, estuvo presidida de un plebiscito para que el constituyente primario la aprobara. En esa ocasión ganó el No. El general Augusto Pinochet, convocó a un plebiscito en Chile para que su pueblo le dijese si se quedaba o dejaba el poder: perdió y se fue. Aquí, donde nos decimos grandes demócratas, Santos desconoció la voluntad del constituyente primario y aplicó ilegalmente los acuerdos de La Habana.

Entonces, aplicando los principios de la defensa del derecho, tal como lo plantean autores como Rudolph van Ihering, de manera perenne en lo local e internacional se debe luchar por restablecerlo a plenitud. Al haber pisoteado el gobierno de Santos la voluntad popular, los acuerdos y medidas que se toman a raíz de lo pactado en La Habana no tendrían validez, en tanto se restaura la legitimidad que no es otra que el No, contra el acuerdo de paz. Lo que deja sin piso la tesis del gobierno para convocar una Constituyente.

El peor error de la democracia es negociar con la subversión y las mafias, el orden legal no es negociable. Y tampoco el pueblo colombiano le dio a Petro un mandato para destruir la democracia, quebrar la economía y conducir la sociedad a la ruina.

Al fin de cuentas, por medio de las continuas negociaciones de paz y de la paz total, lo que se hace en Colombia es transar la ley, lo que viene debilitando en grado sumo al Estado. Aquí es un buen negocio montar un grupo subversivo, delinquir y matar, para después y mediante negociaciones conseguir la impunidad y grandes ventajas.