El reciente ataque del papa Francisco contra los derechos de propiedad y la libertad económica forma parte de una tendencia en Latinoamérica, donde los enemigos del individualismo y el libre mercado se han servido de la religión católica para avanzar políticas colectivistas.
Sin ir muy lejos, Miguel Antonio Caro promovió el concepto del “socialismo cristiano” como una alternativa hispana a las influencias foráneas del libre intercambio y el liberalismo clásico, las cuales él consideraba perversas. Similarmente, en el país de origen del actual pontifex maximus, los peronistas denunciaron el percibido materialismo egoísta de la muy exitosa constitución argentina de 1853, la cual reemplazaron con un modelo supuestamente solidario que, según ellos, estaría en sintonía con el cristianismo.
Sin embargo, la tesis de que la tradición cristiana es necesariamente opuesta al liberalismo económico parte de un falso dilema. De hecho, en la era moderna, algunos de los primeros argumentos a favor de los derechos individuales, la libertad económica y el gobierno limitado surgieron en los textos de los escolásticos tardíos españoles de los siglos XVI y XVII. En ese entonces, explica el profesor Eric Graf, los pensadores jesuitas y dominicos que formaron la llamada Escuela de Salamanca acudieron al derecho natural para responder preguntas cruciales que surgieron a raíz del descubrimiento del Nuevo Mundo y el auge del Imperio Español.
Francisco de Vitoria, considerado el fundador de la Escuela de Salamanca, argumentó que el comercio no equivale el pecado o la avaricia, sino que es una fuente de gran beneficio para el bienestar humano. Vitoria también mantuvo que los derechos eran universales y, como tal, no aplicaban sólo a los españoles, sino también a los nativos de las Américas. Famosamente, Fray Bartolomé de Las Casas defendió esta tesis en la Junta de Valladolid en 1550.
Por su parte, Juan de Mariana refutó el concepto de la pureza racial y rechazó la persecución de los judíos conversos. También criticó a la monarquía española por cobrar impuestos sin el consentimiento de sus súbditos y por depreciar la moneda, una práctica que equiparó a la tiranía. Mariana y Francisco Suárez inclusive argumentaron que el poder monárquico tenía límites claros, y que el origen de la soberanía era el consenso popular; como consecuencia, el regicidio se justificaba si un rey se convertía en tirano.
Entre otros, Martín de Azpilcueta entendió la naturaleza subjetiva de los precios y la relación entre la oferta monetaria y la inflación, un mal que le atribuyó a los gobiernos que buscaban cómo financiar los costos de sus guerras y su derroche general. Varios regímenes latinoamericanos- en especial el venezolano y el argentino- aún ignoran estas lecciones, lo cual trae terribles consecuencias para el bienestar de sus ciudadanos.
La herencia de la Escuela de Salamanca demuestra que, contrario a lo que argumenta el papa, la tradición católica no sólo es compatible con el liberalismo económico, sino que forma parte de sus raíces. Para prosperar, los latinoamericanos deben redescubrir el legado hispano de la libertad.