Una de las economías más estables de Hispanoamérica es la peruana, al mismo tiempo en lo político muestra grandes contradicciones y es el país donde los presidentes pasan con frecuencia del pedestal del poder a prisión.

La justicia se aplica de manera general a todos aquellos que violan le lay. Se da el famoso caso del jefe de Sendero Luminoso, Abigail Guzmán, quien tras dirigir uno de los movimientos revolucionarios armados mejor organizados de la región y amenazar la estabilidad de la democracia con el proyecto de tomarse el poder e imitar en algunos aspectos el modelo revolucionario de Mao en China, fue detenido en Lima en una parranda y trasladado a prisión. Se le juzgó, respetando sus garantías procesales y resultó condenado a cadena perpetua. Murió en prisión.

Las prisiones de alta seguridad en Perú suelen ser casi que invulnerables. Pese a que llegó a tener un control brutal en extensas regiones rurales del país, en el gobierno de Alberto Fujimori se adelantó la política de ganar a los habitantes de las zonas dominadas por los revolucionarios mediante ayudas económicas, asesoría para sus cultivos y bienestar. Fujimori actuó de manera implacable contra los sediciosos. Eso contribuyó a que los campesinos perdieran el temor frente a la dominación armada de los de Sendero y terminaran colaborando con el gobierno en contra de sus antiguos verdugos.

A su vez resultó incurso en diversos delitos y después dirigió una guerra contra Ecuador de la que salió mal librado. Pese a recuperar la economía del país y haber gobernado en tres mandatos en el país, tras pasar un tiempo refugiado en Japón y estar conviviendo con una atractiva dama de ese país, intempestivamente resuelve viajar a Chile, donde le detienen y lo extraditan al Perú, donde fue condenado a prisión perpetua. Es liberado por sufrir un cáncer terminal. Su hija mantuvo su partido vigente y lucha con denuedo por su liberación. Tras ser indultado por su gravísima enfermedad y recibir positivo tratamiento, comenzó a dar entrevistas en televisión y a los medios. Se llegó a especular que de participar en las próximas elecciones tenía posibilidades de salir elegido, dado que los sectores populares lo recordaban como un gobernante que había recuperado la economía y favorecido a la población. La muerte súbita acabó con su proyecto y su hija sigue en la contienda, con un juicio por lavado de activos del que espera salir inocente.

Alejandro Toledo, presidente del 2001 al 2006, resultó pringado en 20 millones de dólares en el famoso caso Odebrecht. Lo condenaron y está en prisión.

Alan García, un combativo, brillante y popular jefe del Apra, quien en su primer gobierno se lanzó a la demagogia populista y se puso la camiseta anticapitalista y nacionalizó la banca; en el segundo mandato hizo lo contrario y respeta la propiedad privada e impulsa el desarrollo con equidad, aun así, vapuleado por una tormenta política debió salir del país. Al regreso, retorna a la política, más envuelto en el escándalo de Odebrecht, no acepta los cargos y cuando estaban por detenerlo las autoridades judiciales en su residencia, en el 2019 se pega un tiro.

También el expresidente Ollanta Humala y se esposa fueron detenidos por malos manejos en su mandato

Así que, a vuelo de pájaro, se observa que frente a la justicia en el Perú ni los presidentes o expresidentes son intocables, mucho menos las docenas de colaboradores que han cometido delitos y han sido condenados.  

Pedro Pablo Kuczynski, empresario millonario y político, gobernó de julio de 2016 a marzo de 2018, intentó un golpe de Estado contra el Congreso y cuando se disponía a refugiarse en la embajada de México su guardia lo detuvo y pasó a prisión preventiva. Hasta el momento no ha sido condenado.

La democracia peruana se defiende legalmente con anticuerpos y cuenta con gran apoyo popular. Los ciudadanos lamentan, en general, la detención de dirigentes políticos tan reconocidos que han pasado por la primera magistratura, más entienden que la justicia debe ser severa con todos y más con los poderosos. Así que en Perú hasta un gobernante que intente deslizar su garra por el tesoro público, que delinca o lo sorprendan en el tráfico de influencias, lo más probable es que termine en prisión.

El exgobernante Castillo pronto será condenado y cada vez menos corruptos quieren ser presidentes.