Con desencanto, pero sin sorpresa, nos enteramos  los colombianos  el fin de semana, de un acto de corrupción, lamentablemente con muchos precedentes en el país,  en el cual un Senador de la República, que había sido antes fiscal y auxiliar de magistrado; y el entonces Alcalde de Usiacurí, planearon y ejecutaron una reunión, donde fue invitado el Juez Promiscuo de la localidad para ofrecerle un “negocio”, consistente en que fallara un proceso en favor de uno de los mecenas del Senador, a la postre un dirigente universitario  de la región Caribe;  y a cambio le ofrecieron doscientas “barras”.  El juez rechazó la oferta y grabó  la reunión.  Los hechos ocurrieron en el año 2017 y hasta ahora se conocen públicamente y se inician las investigaciones.   

El Senador, presunto oferente del soborno, es aforado y le corresponde a la Corte Suprema de Justicia adelantar la investigación en la respectiva Sala de Instrucción; el Alcalde, al parecer facilitador del negocio y concertador de las partes, no es aforado y le corresponde a la Fiscalía y a los jueces ordinarios conocer de la averiguación. La Procuraduría es competente para la pesquisa disciplinaria que por supuesto, cabe en este asunto, con facultades incluso para destituir a un miembro del Congreso.

No sabemos porque la indagación demoró tanto para iniciarse; son hechos sucedidos hace tres años y se supone que el juez debió denunciar inmediatamente, como es el deber de todo ciudadano que sabe de la ocurrencia de un delito. Lo mínimo que esperamos los ciudadanos es que se aplique la ley con todo su rigor en estos escabrosos episodios de corrupción.

Llama la atención la desfachatez de los protagonistas que se escuchan en la grabación, como si se tratara de un acto normal, común y corriente, un “negocio” cotidiano es lo que se propone; dando a entender que ese tipo de comportamientos son “pan de cada día” en sus actividades; que en este caso, además, involucra a altos funcionarios del Estado de todas las ramas del poder público.

Al parecer el tema no se va a quedar acá. Sigue otro capítulo, que involucrará a más funcionarios; el trámite de una tutela, cuya revisión había sido rechazada y fue objeto de insistencia. Ya hemos dicho y está demostrado que el recurso discrecional de revisión de tutelas ante la Corte Constitucional, so pretexto de unificar jurisprudencia, se presta es para una fuente de corrupción. Los casos se han dado y son dolosos para la dignidad de la justicia y para la democracia. Este recurso está llamado a reestructurarse desde la misma Constitución. Nunca son bienvenidos los recursos discrecionales.

Todo esto es un ejemplo más de como anda la corrupción en nuestra querida y vituperada república, como “pedro por su casa”. Estamos en manos de los corruptos y las cabezas de los organismos responsables de combatirlas parecen ocupados en otras cosas; ufanándose del poder, merodeando por los parques naturales, burlando el confinamiento y pensando en su futuro político desde su plataforma de lanzamiento.