La reciente decisión del Presidente Iván Duque, de expedir un decreto mediante el cual se faculte a la Policía Nacional para decomisar cualquier dosis de droga que porten los ciudadanos en las calles, se convirtió en uno de los principales temas de los que se habla hoy en el país. Esta discusión ha sido de vieja data, entre aquellos que en defensa del libre desarrollo de la personalidad sostienen que es un acto abusivo por parte del Estado controlar el consumo de estas sustancias y entre aquellos que consideramos que, no todo control al consumo resulta una intromisión del Estado en la vida de los individuos, cuando lo que se busca es resguardar es el bien común.

En primer lugar y de manera categórica debe señalarse que, a pesar que desde 1994 la Corte Constitucional despenalizó la “dosis personal” con ponencia de Carlos Gaviria Díaz y en la cual salvaron su voto los magistrados José Gregorio Hernández, Hernando Herrera Vergara, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa; ello no quiere decir que sustancias como la cocaína y la heroína hayan dejado de ser ilícitas en el país. Hoy veinticuatro años después de ese fallo, estas sustancias siguen siendo ilegales en Colombia, por lo que los efectos del mencionado fallo, derivan en que no sean penalizadas aquellas personas que porten un gramaje superior al considerado como “dosis mínima o dosis personal”.

Hecha esta claridad, el decreto que expedirá el Gobierno nacional sobre este punto, bajo ninguna circunstancia busca penalizar el consumo, sino incautar las sustancias a consumidores que por las circunstancias de tiempo, modo y lugar, puedan afectar la seguridad y la convivencia ciudadana. Lo que no es nada distinto, que facultar a la policía para que decomise las drogas a aquellos consumidores que se encuentren en un parque o cercanos a establecimientos educativos.

Para nadie es un secreto que el microtráfico es una realidad en el país y que el vínculo de esta actividad con los entornos escolares prendió las alarmas de las autoridades, como cuando la secretaria de educación distrital señaló que 78 colegios habían sido permeados por actividades asociadas al tráfico de sustancias o como cuando denunciaron que con dulces y todo tipo de golosinas, una banda delincuencial dedicada al tráfico de drogas pretendía cautivar a niños y jóvenes en el Valle de Aburrá.

Si bien la discusión sobre si el consumo recreativo de sustancias debe estar permitido o no en adultos, aún no es pacífica –y tal vez nunca lo sea-, debe existir un consenso nacional para rechazar y sancionar de manera categórica cualquier acto criminal que busque iniciar en el consumo de drogas a menores de edad, en la medida  informes del ministerio de salud y señalan que más de 500.000 estudiantes entre los 12-18 años han consumido drogas por lo menos una vez.

Como sociedad estamos en la obligación de proteger a la niñez, no podemos tolerar este tipo de comportamientos y medidas como la que piensa adoptar el nuevo gobierno con el decreto que reglamenta el acto legislativo 02 de 2009, es el primer paso.

@SamuelHoyosM