Con motivo de la firma del acuerdo de paz con las Farc se recuerdan las palabras del presidente Santos en el sentido de que si a esa meta llegábamos se desmontaba el servicio militar obligatorio. Esa, desde luego, es una aspiración ideal, pero todavía no están dadas las condiciones para adoptar una medida de tales características. El argumento que se invoca es que al desactivarse el aparato armado de las Farc ya no es necesario disponer del volumen de efectivos con que cuentan las fuerzas militares que, de paso, no se entrenan para matar, como impropiamente escribió alguien en estos días, sino para defender la integridad de la soberanía nacional.

Ese argumento es muy discutible a la luz de las actuales circunstancias y yo me atrevo a creer que es equívoco porque si bien termina la confrontación armada con las Farc, aún se mantienen las hostilidades con el ELN, el último reducto del EPL y las estructuras armadas que se agrupan bajo la denominación genérica de “bacrim”. Recordemos que el Gobierno habilitó a las fuerzas militares para combatirlas. Por consiguiente, aún no hemos logrado una paz integral.

Por otra parte, la eliminación del servicio militar obligatorio tendría costos en términos fiscales que, con las dificultades que se vive en ese frente, no resulta en esta coyuntura lo más aconsejable. Algunos sugerirán disminuir el gasto militar en otras áreas.

De otro lado, si de lo que se trata es de evitar el envío de jóvenes adolescentes impreparados a la línea de combate, al superarse la confrontación armada todos los ciudadanos podríamos prestar el servicio militar sin esa debilidad, como una especie de servicio social, y no dejarlo reducido solo a campesinos y soldados profesionales.

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El gabinete de Trump

A medida que se aproxima la posesión del presidente Trump aumentan las especulaciones sobre la manera como quedará conformado el equipo de sus más inmediatos colaboradores, vale decir, se intensifica el ejercicio de lo que se conoce como gabinetologìa y contragabinetologìa por parte de los analistas que, en este caso, cobra mayor importancia por la incidencia que tiene en el mundo la ejecución de las políticas que se proponga adelantar el nuevo gobierno de los Estados Unidos.

En la prensa del gran país del norte se dice que varios de los funcionarios que han sido designados pueden tener vínculos directos con Wall Street, es decir, que se trata de personajes que vienen de los círculos del capital financiero y de empresas muy poderosas con intereses diversos. El problema no es que se designen ricos en los cargos públicos que, en sí mismo, no es ni bueno, ni malo, porque el criterio para confiar una responsabilidad pública debe ser el de la idoneidad profesional. El inconveniente comienza cuando el interés privado puede llegar a confundirse con el interés público y esa línea es la que no se puede cruzar cuando se administran asuntos de Estado.

Por tanto, se espera que quienes integren el nuevo gobierno de los Estados Unidos tengan la capacidad de deslindar esas dos esferas para que se garantice la transparencia de sus actos.