Una vez consumado por el gobierno de Maduro el grosero fraude con el que se robó las elecciones que le fueron adversas por amplísimo margen, todo parece indicar que el régimen, con el paso del tiempo, logrará permanecer en el poder. No fueron suficientes las pruebas aportadas y reveladas por el Centro Carter, consistentes en las actas fidedignas que demostraban la clara victoria del candidato de la oposición, para que se entendiera la inutilidad de esperar del régimen la difusión de las mismas que, con ingenuidad candorosa, solicitaban los presidentes de Brasil, Colombia y Méjico para reconocer la decisión del CNE de proclamar a Maduro como presidente electo.

La pronta defección de López Obrador y el silencio de Lula condenaron a Petro a la espera de lo imposible. Lo aprovechó el expresidente Santos para marcar distancia con el gobierno: “Colombia puede hacer muchísimo más de lo que está haciendo, porque no está haciendo nada frente a Venezuela. La posición de Colombia ha sido ambivalente, infortunadamente ha dicho que se está prestando para poder mediar, pero hay un momento donde la mediación se vuelve complicidad” e insistió en una transición pacífica y efectiva que cada día aparece más improbable.

El volátil escenario se vio sacudido por obra del informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU que señaló al gobierno de Maduro de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante y después del proceso electoral, entre ellos asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género, perpetrados por las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, aún en contra de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. A la Corte Penal Internacional le corresponde adicionar estos delitos al expediente que tiene abierto desde hace varios años contra Maduro y las cúpulas políticas y militares del régimen, y emitir las correspondientes ordenes de captura. Decisiones oportunas realzarían el controvertido prestigio de la CPI y su tarea en un mundo convulsionado por conflictos bélicos de consecuencias insospechadas.

Lograr una solución pronta para el retorno de la democracia en Venezuela resulta necesaria para la paz y seguridad hemisféricas y absolutamente indispensable para Colombia, para no verse concernida en conflictos orbitales que se repliquen en sus propias fronteras, susceptibles de polarizar aún más la política nacional, y cuyos desenlaces escaparían a su capacidad de resolverlos. Por ello, la falta de resolución de la fraudulenta elección presidencial y la permanencia ilícita del usurpador Maduro en el poder, impactarán severamente las elecciones del 2026 en Colombia, como también lo harán las repetidas afectaciones al acuerdo nacional propuesto por el ministro Cristo, y que el mismo presidente se encarga de dinamitar. El retorno de Leyva a Miraflores, con mandatos ocultos, debilitan, alteran y afectan innecesaria y profundamente las gestiones del canciller Murillo, cuyo acierto se evidencia en las groseras y constantes descalificaciones que le dispensan Diosdado Cabello y el canciller venezolano.

Petro parece irresoluto en sus preferencias en materia de candidaturas, no por dubitaciones que no son propios de él, sino por su errático y caprichoso comportamiento que desconcierta a los propios y entrega insumos a una oposición que hasta el día de hoy no ha encontrado aún rumbo, cohesión y mensajes para vencer en las elecciones del 2026.

El presidente se siente solo, y a falta de una coalición “progresista” Petro-santista que él mismo dinamita, buscará atrincherarse con los sectores más conspicuos del progresismo, en la que seguramente sumará a todos los beneficiarios de la supuesta paz total para hacer realidad la deconstrucción de la democracia y de las libertades que les son propias.  Impedirlo exige unidad y claridad conceptual que no se deben feriar en dubitaciones sobre el sombrío futuro que nos quieren recetar.