En los medios de comunicación, las redes sociales y en los cenáculos políticos siguen atentamente la investigación contra el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo que abrió la Fiscalía por cuenta del manejo de un empréstito de 77 millones de dólares, que por efectos de la devaluación del peso resultó oneroso. La Fiscalía se fundamenta en que no conoce los estudios que se hicieron para comprometer esos fondos y supone que no existen o no se hicieron en su momento, sin que eso quiera decir que el exgobernador se haya beneficiado de esa operación. Lo que aduce la Fiscal que investiga el caso es que en el 2013 cuando la gobernación recurre a buscar esos dineros en la banca el dólar estaba a $1.925, siendo que en el 2015 el valor de la divisa sube a $3.140.  

Entonces, al parecer, la responsabilidad en parte de esa evolución o alza del dólar, es lo que la Fiscal considera delito. Por supuesto, como el señor Fajardo no era ministro de Hacienda, ni un mago de las finanzas, sencillamente concurre a la banca para solucionar un problema que era de su incumbencia, en el caso de cruzarse de brazos y no hacerlo los problemas de toda índole en los que se había visto envuelto la administración habrían sido gravísimos.

Como se sabe, las funciones del gobernador son las de administrar los fondos públicos y buscar soluciones positivas para el Departamento, dentro del equilibrio financiero y teniendo en cuanta las metas de desarrollo. El manejo monetario del país no es competencia de los gobernadores, ni de los alcaldes. En tal caso, los responsables del gobierno nacional en ese momento, en especial del Ministro de Hacienda, serían los que deben responder por el manejo monetario del país, incluso la Junta del Banco de la República, a la que la Constitución de 1991 le ordena defender el valor adquisitivo de nuestra moneda. 

El ministro de Hacienda y la Junta, dirán, entre cosas, que ellos no son responsables de la evolución del dólar, moneda que depende de las decisiones de los Estados Unidos y la situación económica global. Si se trata de responsabilizar a los ministros de Hacienda, el ministro Alberto Carrasquilla se vería en apuros para explicar cómo en vez de permitir que el Banco de la República actuara con sus fondos en rescate de la Nación frente a la emergencia de la pandemia, resuelve acudir al FMI donde nos cobran intereses elevados y se adquieren diversos compromisos, para monetizar el préstamo casi de inmediato con las consabidas consecuencias. Quizá, en tal caso tendría más argumentos la Fiscal para pedirle cuentas al ministro, dado que salía más barato acudir al Emisor.  El ministro se defendería sosteniendo que cumple con sus funciones y no puede evitar los efectos de sus medidas sobre el precio interno del dólar, que aquí depende de la suba o alza del petróleo.  

La investigación de la Fiscal delegada ante la Corte Suprema, por dicha evolución del dólar -lo que no es competencia del gobernador ni de los gobiernos locales e incluso obedece a movidas de las altas finanzas internacionales, los especuladores, de las potencias y la situación económica mundial- ve en la acción del alto funcionario antioqueño peculado por apropiación en favor de terceros, con el agravante de no cumplir con los requisitos legales. Se anuncia que compulsarán copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción, con la finalidad que se indague sobre las movidas de otros funcionarios de la Gobernación. 

La doctrina de inculpar a los funcionarios locales -alcaldes y gobernadores- por el alza del dólar y sus consecuencias en la economía colombiana, conduce como en un tobogán a un campo minado. Estos funcionarios entienden que la responsabilidad en cuanto el alza del dólar es del gobierno nacional. En tal caso, ya no sería un asunto de la Fiscalía, sino del Congreso Nacional, que podría intentar un juicio político contra los gobernantes del momento por el manejo monetario del país. Lo que no tendría ningún sentido, sería absurdo, demagógico y sentaría un precedente nafasto.