En una democracia el poder se controla a través del derecho. Existe un juego de contrapesos entre las diferentes ramas del poder público; el Estado de Derecho evita los abusos y mantiene el equilibrio democrático; por ello se precisa de un poder judicial independiente, que cumpla y haga cumplir la Constitución y la ley.

Así tenemos que es de transcendental importancia que a los altos cargos de la justicia lleguen personas independientes, para que sus decisiones se fundamenten en el derecho y dejen por fuera todo tipo de presiones y no privilegien intereses.

La Corte Constitucional es el juez de las leyes, tanto las que produce el Congreso, como los decretos que con la misma fuerza de ley produce el ejecutivo; le corresponde la guarda integra de la Constitución. De allí, que algunos gobernantes quieran controlarla, para tener la seguridad de que no se van a ir abajo sus producciones normativas que realizan en el marco de los estados de excepción y que les otorga nada más y nada menos que la facultad de reemplazar temporalmente al Congreso; además, que van a estar blindadas las leyes que han impulsado en el Congreso.

¿Pero cómo controlarla si está compuesta por nueve magistrados, tres ternados tres por el presidente de la República, tres por la Corte Suprema de Justicia y tres por el Consejo de Estado, de los que elige el Senado? Desafortunadamente, apareció desde hace varios años la manera de hacerlo. El Presidente asegura los que le corresponda ternar y ha surgido una forma perversa de influir en la integración de las ternas que realizan las Altas Cortes.  La elección en el Senado es “pan comido”, pues se atiende a la coalición armada por el mismo Gobierno.

Comento la experiencia que me tocó vivir como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, advirtiendo que la gran mayoría de los magistrados no incurrían estás malas prácticas, pero algunos si lo hacían. El Procurador, el Fiscal y el Contralor, con honrosas excepciones, se convierten en poderosos influenciadores en los procesos electorales que se cumplen en las Altas Cortes.  Ofrecen a los magistrados cuotas de poder en sus dependencias y luego les cobran el favor, pidiendo a su vez otro favor, que es inclinar su voto por determinada persona. Esto ha pervertido el sistema.

Ahora se avecinan tres elecciones de magistrados de la Corte Constitucional: una terna será enviada por el Presidente, otra por el Consejo de Estado y una más por la Corte Suprema. Esperemos que los magistrados encargados de elaborar esas ternas escojan personas demócratas, que crean en el Estado de Derecho, a fin de que puedan realizar la tarea de control y de equilibrio que precisa la democracia.

Cuando el poder ejecutivo controla la Corte que lo controla, la que pierde es la democracia y el Estado de Derecho; el principio de la autonomía judicial queda en entre dicho y la Corte, sometida al querer del Gobierno, pasa a ser una simple cortesana.