De alcaldadas y cableadas
“Urge poner orden y acabar con las arbitrariedades”
El año pasado, el Concejo de Cali y su alcalde establecieron de forma arbitraria un impuesto a todas las comunicaciones de voz, utilizando una obsoleta ley, la 97 de 1913 -de hace más de un siglo- que permitía tributos sobre los teléfonos urbanos. El impuesto de marras, por supuesto, pretende extender el obsoleto concepto de telefonía urbana a las modernas comunicaciones móviles y de banda ancha en la Internet, transgrediendo todo el ordenamiento jurídico, y generando un funesto antecedente respecto del derecho ciudadano a la comunicación.
De prosperar esa iniciativa veremos en este sector un desorden sin precedentes, tratando todos los alcaldes -pueblo por pueblo y ciudad por ciudad- de sacarle impuestos a la movilidad y al Internet, lo cual es un gran palo en la rueda al objetivo de masificación de las TIC que se ha impuesto el gobierno y el ministro Molano. Afortunadamente la norma ya fue demandada y ahora quedamos en manos de la sapiencia del ilustre magistrado que le ha tocado el caso.
Sin embargo, debe aquí el Gobierno Nacional tomar cartas y darle de una vez por todas en la primera oportunidad que exista en la siguiente legislatura, cristiana sepultura a esta caduca e inconveniente norma que demuestra que si hay mal que dure cien años, pues este impuesto de la era de las carretas de caballos se creó incluso antes de la Gran Guerra, de cuyo inicio acabamos de celebrar un siglo.
Por otro lado, encontramos que la ANTV sigue sin resolver el problema de la recepción de señales de televisión gratuitas, aun cuando un reciente estudio demostró que, efectivamente, de manera misteriosa, las antenas aéreas de los usuarios con las que podían ver televisión gratuitamente fueron desapareciendo a medida que los cableros instalaban su servicio, quedando hoy día menos del 2% de hogares con esta posibilidad. ¿Quién las retiró? ¿Con qué interés? ¿Quién les responde a los usuarios por ello? ¿No es obligación de los cableros al instalar su servicio asegurar el acceso a la señal aérea de TV abierta, es decir, dejar instalada y conectada la antena? Porque el resultado de esa desaparición de las antenas termina amarrando al usuario a su operador de televisión por cable, incluso si su deseo fuera solo ver las señales abiertas gratuitas.
Ojalá la ANTV tome, por primera vez, el toro por los cachos y obligue a los cableros a readecuar las redes de sus usuarios para que aparezca el 98% de antenas que sin saber cómo se esfumaron en el aire; lo contrario sería tolerar que estos operadores creen injustos monopolios amarrando a sus usuarios. Ya lo advirtió así de claro la señora contralora Morelli en reciente función de advertencia, donde precisamente dice que por la desaparición de esas antenas la plata de la red abierta de TDT Pública se vuelve una inversión inútil si no hay como verla.
En cuanto al otro problema que pretende resolver la ANTV, que no es otra cosa que una negociación privada entre operadores por la retransmisión de señales y que oculta como cortina de humo los graves hechos por el retiro de antenas que el informe de la ANTV demuestra, queremos recordar que desde la expedición de la ley 1507 de 2012, en caso de conflicto entre operadores es la CRC la que debe resolver.
Señores de la ANTV, recuerden que las facultades de la CNTV no les fueron trasladadas en su totalidad, es más, muy pocas les entregaron, pues ésta y muchas otras, incluyendo la regulación técnica y de mercados, así como la definición de las modalidades de servicio fueron trasladadas a la CRC. Así lo dejó muy claro la reciente sentencia del Consejo de Estado sobre el tema del tercer canal.