Una aberración kafkiana
En el año 1998, el Invías celebró una conciliación con el consorcio Botero Aguilar y Cía. y Conic S.A. por una suma un poco superior a veinticuatro mil millones de pesos, a raíz de una demanda causada por un incumplimiento de unas obras viales. Esa conciliación se enmarcó dentro de la Ley 80 y reconoció la tasa legal o llamada del seis por ciento. Se liquidó, se pagó en su totalidad y el episodio hizo tránsito a cosa juzgada, como bien lo declaró el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Sin embargo, por aquello de que en nuestro país lo rentable es no cumplir, sino demandar al Estado, tras muchas peripecias y trapisondas jurídicas -como demandar sin título ejecutivo- el Invías terminó aceptando una segunda conciliación ¡por setenta y cuatro mil millones de pesos! A todas luces un flagrante fraude al Estado, por cuanto lo reclamado ya había sido satisfecho.
Así lo consideraron los dos altos funcionarios de Invías que en su momento pagaron la primera conciliación, Gustavo Canal y Federman Quiroga. Como correspondía a ciudadanos de bien, ellos alertaron al entonces ministro de Obras Públicas Uriel Gallego, quien procedió en consecuencia, poniendo en evidencia jurisdiccional el desfalco público. Pero más les hubiera valido no haberlo hecho, porque sucedió lo impensable. Un fiscal de primera instancia, rompiendo la unidad procesal, imputó cargos a Canal y a Quiroga, alegando que lo que ellos habían hecho era planear (con ocho años de anticipación) un desfalco al Estado, permitiendo que se hubiera producido la segunda demanda. Por estos hechos los aforó y privó de su libertad. Lo curioso del caso, y para colmo de los colmos, la Procuraduría, al adelantar un proceso disciplinario contra los protagonistas de la segunda conciliación, los absolvió de toda culpa.
Afortunadamente un fiscal de segunda instancia ha revocado integralmente la contraevidente decisión de su colega y les ha devuelto su libertad. Pero el proceso continúa y es de esperar que la verdad termine resplandeciendo. Es de confiar que la Fiscalía General y las instancias pertinentes obrarán salvaguardando los intereses del país y garantizando la sensatez jurídica. No es posible que en Colombia se ponga en la picota pública como delincuentes a dos ciudadanos sin tacha, cuyo único delito ha sido defender el Tesoro Público.
Adenda.Es verdaderamente preocupante cómo la sensación de inseguridad se extiende como una mancha de aceite por todo el territorio nacional. No puede ser explicación válida que, “las emboscadas se las hacen a la Fuerza Pública unos bandidos acorralados”.