“Contundentes evidencias sobre direccionamiento de contratos”
La carta que enviaron los embajadores de Suiza, Suecia y Noruega al Jefe de Estado, Juan Manuel Santos, con las denuncias de sospechas sobre malos manejos con los fondos de la paz, hizo explotar el escándalo sobre abusos y despilfarros en la JEP, así como en los organismos oficiales que se ocupan de manjar esos dineros. El Presidente Santos, ha pedido que se investiguen a fondo el bochornoso caso que ha trascendido las fronteras. Se ha conocido que con anterioridad los diplomáticos se habían quejado informalmente de la penosa situación y no habían sido tenidas en cuenta sus denuncias. Al parecer, en el seno de la JEP, se pretendía que en materias jurídicas y financieras sus funcionarios pudieran hacer lo que les viniese en gana. Hasta se especuló que algunos personajes cercanos a la JEP cobraban comisiones para intrigar nombramientos en la nueva institución.
Las cosas se fueron agravando cuando se supo del malestar provocado por un particular “amigo” de una funcionaria del Fondo Colombia de Paz, quien solicitaba que le pagaran 80 millones de pesos y la cesión de una importante participación accionaria en una empresa, para que obtuviesen un millonario contrato para efectos del posconflicto. Esas novedades de negocios sucios con fondos del posconflicto se filtraron entre el cuerpo diplomático, el gobierno y los organismos estatales de control.
La Contraloría General se puso al tanto de la forma como se venían manejando de manera discrecional los fondos de paz, por lo que hace tres meses le solicitó al Secretario de la JEP, Néstor Raúl Correa, explicar cómo dispuso de 11.765 millones de pesos de los 36.752 millones destinados para ese nuevo ente judicial. La respuesta del alto funcionario no aclaró nada y, por el contrario, provocó más dudas en el organismo, al señalar que la que estaba al tanto de esos manejos financieros era la señora Gloria Ospina, directora del Fondo Colombia de Paz. Las sospechas de los entes de control crecieron al descubrir que los proyectos que estaban en marcha se manejaban con cartas marcadas para favorecer a terceros.
Para los investigadores es claro que hay un uso de información privilegiada para direccionar los proyectos. Además, se valen de que los datos sobre esos procesos no figuran en el Sistema Integrado de Información del Posconflicto (Siipo). El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez; el Contralor, Edgardo Maya y el Procurador, Fernando Carrillo, se han convertido en los tres mosqueteros que se aprestan a esclarecer el caso e intentan recuperar los dineros malversados y propiciar la sanción para los culpables.
El fiscal Martínez envió una misiva al Presidente Santos en la cual le informó que se venían haciendo seguimientos y estudios técnicos sobre el turbio proceder de los encargados de velar por los fondos del posconflicto, los cuales le llevaron a evidenciar la existencia de una cadena de intermediarios interesados en entregar proyectos a determinadas empresas y contratistas, con el objetivo de lucrarse. La entidad cuenta con videos y pruebas demoledoras contra los “gestores” que se venían lucrando con la intermediación en la contratación y, en algunos casos, la extorsión a los contratistas.
Desde un primer momento surgieron dudas sobre la manera como se procedía de facto en la JEP para contratar funcionarios y disponer de los recursos públicos, por cuenta del Secretario de la entidad y su Presidenta, Patricia Linares, quienes se enzarzaron en una disputa por el poder, que incluyó la pelea por despachos, muebles e influjo en la contratación de personal y el manejo al interior de los casos a su cargo. Es de anotar que Correa debió asumir delicadas responsabilidades que presuntamente lo llevaron a improvisar, sin tener en cuenta las normas a seguir en estos casos.
Los mismos magistrados y funcionarios de la JEP se quejan que todo marcha a medias, que no cuentan con las instalaciones mínimas para operar a satisfacción, que se alquilaron vehículos por sumas exorbitantes y no son blindados, que se han tomado medidas inconsultas a favor de personas incursas en gravísimos delitos, que prevalece la improvisación y que todo marcha a medias, lo que dilata los procesos y la efectividad de su acción. Por su parte el abogado Correa se defiende y aduce que cumplió su labor en medio de enormes dificultades, dentro de “una concepción humanista y respetuosa de la justicia, sustentada en la dignidad de las víctimas y guiada por los más altos estándares de transparencia, eficiencia y eficacia”, lo que exaltó en su carta de renuncia y la que finalizó con “Me voy pues con la satisfacción del deber cumplido”.
Mientras, los organismos de control y de la Fiscalía prosiguen las investigaciones que evidencian, cada vez con mayor fuerza, la irresponsabilidad, despilfarro y tráfico de influencias en la contratación de ese fondo para la paz.