Se terminó el año 2020 dejándonos un sabor muy amargo por infinidad de razones, la principal el virus que tanto dolor y desconcierto sembró en el mundo. No podremos olvidar lo duro que ha sido encarar esa incertidumbre, afincada en la ilusión de un despertar positivo y prometedor; por ello lo despedimos con la esperanza que el año nuevo nos traiga una mejor perspectiva de vida y optimismo en aspectos de salud, economía y paz.
Uno de los problemas más agudos que se viene presentado hace referencia al hacinamiento de detenidos en las estaciones de policía, hecho que se potenció con la presencia de la pandemia por la amenaza de contagio tan acentuada en esos lugares; seguramente la mayor parte de la población que no tiene contacto con este problema, esté ausente de la catástrofe vivida en esos lugares, que no son concebidos ni tiene la vocación de reclusión para detenidos, razón por la cual la estaciones de policía no cuentan con la mínima infraestructura locativa ni sanitaria para albergar personas capturadas por diferentes motivos, y mucho menos si el número sobrepasa las posibilidades de control, aseo, salud y alimentación.
Las personas sometidas a este tipo de detenciones fácilmente sufren de problemas psicológicos, mucha ansiedad y depresión, lo que acentúa la agresividad e impide lograr un comportamiento estable y regulado por reglamentos y normas, (que no existen en estas estaciones) para los conducidos, por no ser esta actividad su objetivo, ya que fueron concebidas para alojar, capacitar, instruir y organizar la prestación del servicio de vigilancia en el sector de su responsabilidad. Es decir, florecieron pensadas como lugar de concentración policial y eje operativo de seguridad ciudadana.
Caso distinto es el referente a las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, las conocidas (URI) creadas como lugar de paso para personas detenidas, que sí cuentan con una mínima infraestructura acorde con su inspiración, como es el auxilio a la investigación y procedimientos judiciales, reconociendo también que estos lugares afrontan un descomunal hacinamiento, que juega en contra de los propósitos judiciales.
La problemática descrita no para en el hacinamiento, pues la custodia, control y atención de esta población en estaciones de policía demanda la dedicación de un gran número de personal, que debería estar atendiendo la casuística de vigilancia en la ciudad. No vamos a entrar en detalles sobre el número y responsabilidades que deben asumir estos patrulleros policiales, bástenos sostener que no tienen la formación para afrontar tamañas responsabilidades.
Aspiramos que de cara al nuevo año, las autoridades del ramo tomen medidas urgentes para desmotar esta situación, a toda luz nociva para la justicia y la institución policial. Sería conveniente pensar en habilitar inmuebles, tanto urbanos como rurales, que puedan suplir la falencia carcelaria.