Hace pocos días, un juez del Tribunal Supremo, en España, puso tras las rejas a un montón de independentistas catalanes que no pudieron salirse con la suya.

Para ser prácticos, todo comenzó en septiembre del 2014 cuando los dirigentes locales quisieron proteger sus bienes, fruto de la corrupción, acelerando intensivamente el proceso independentista.

Presentan entonces el llamado Libro Blanco de la Transición Nacional, una sediciosa hoja de ruta para la creación de la mítica república catalana que eleva a los máximos niveles políticos aquellas prácticas cotidianas de violencia cultural mediante las cuales se expresan, tarde o temprano, todos los nacionalismos.

Explotando al máximo las diferencias para suscitar el odio y la exclusión del otro, los soberanistas convirtieron la Constitución en papel mojado hasta desembocar en lo que, palabras más, palabras menos, fue una intentona de golpe de Estado equivalente a la que padeció la propia España el 23 de febrero de 1981.

En efecto, el referéndum ilegal del 1 de octubre del año pasado tuvo que ser atendido por la Guardia Civil para proteger a los catalanes leales -que son la mayoría- y liberarlos así de los actos vandálicos y las agresiones de las hordas anticonstitucionales, antimonárquicas o anticapitalistas apoyadas desde el exterior por regímenes de similar talante, como el de Nicolás Maduro.

No resultó extraño, por tanto, que la policía autonómica, controlada por los xenófobos herederos del Mein Kampf y la Kristallnacht, se replegara ; y que, ante la declaración de independencia y los claros indicios de pogromo, el Estado, sin titubeo alguno, aplicara el artículo 155 de la Carta Magna, mecanismo legítimo y contundente para rescatar a la democracia secuestrada.

En consecuencia, la administración de justicia se ha visto en la obligación de procesar por rebelión a los instigadores de semejante adefesio y reducir así la posibilidad de que el contagio se dé por rienda suelta.

Muy sensatamente, el juez concluye que ese delito (tan venerado en nuestro entorno por el ominoso proceso de negociación entre Santos-y-las-Farc) se evidenció desde el mismo momento del alzamiento, y aunque los responsables no alcanzaron sus metas, hicieron uso de la fuerza en grado tal que pretendían controlar la voluntad de los destinatarios, así que no le tembló el pulso para enviarlos en grupo al reclusorio.

Por supuesto, no sería de extrañar que si los promotores de tanto desmán instigaron el fanatismo violento en septiembre y en octubre, volvieran a hacerlo ahora para tratar de liberar de la prisión a uno u otro führer.

Pero en este campo, el Estado español cuenta también con envidiable experiencia, muy robustecida al fragor de los ataques de la Eta y los yihadistas de todo pelambre.

Con lo cual, si a Mas, Gabriel, Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comín, Bassa, Forcadell, Sánchez, Cuixart y Rovira, se les ocurriera seguir el rumbo trazado por el Libro Blanco y estimular la conformación de grupos armados, ya saben la suerte que les espera: la misma que correrán sus correligionarios en Colombia a partir del 7 de agosto.