Un país de leguleyos

El derecho es la ciencia de la incertidumbre y a su respecto la única certeza se encuentra en la sentencia, independientemente de la razón que asista al juez, razón que muchas veces no es suya sino de los doctrinantes que invoca para apoyarse en el argumento de la autoridad, cuando no es apropiándose de jurisprudencias  ajenas y sin actualidad  por el cambio de circunstancias reales. Pero bueno, hay que admitir que es necesario  que las causas se definan. De ahí que se hable del Estado de los Jueces. Lo grave es que no todos los jueces tienen la alcurnia suficiente para entender la trascendencia de sus fallos.

Y el prólogo viene a cuento a raíz de la providencia  de la magistrada del Consejo de Estado que resolvió decretar “la suspensión provisional de los efectos del Decreto Distrital 364 del 25 de agosto de 2013” por medio del cual el alcalde sub-iudice expidió el POT para la capital de la Republica. No cabía otra decisión, pues el asunto es  claro: Petro no tenía competencia para decretarlo. ¿Por qué lo hizo?  Ya se dijo en esta columna: “Lo hizo porque se le dio la gana. Porque así son los revolucionarios.  Nada más peligroso que un insurgente en el poder. Podría pensarse que le ocurre lo mismo que a los porteros. Cuando adquieren el poder  no hacen otra cosa que satisfacer sus resentimientos, darle rienda suelta a todas las frustraciones acumuladas en su inconsciente” (11-9 de 2013 El Nuevo Siglo)

Pero al tiempo que se denuncia la actitud arbitraria del burgomaestre, que en su afán de cambiar el desarrollo urbano de la ciudad, sin respetar  los procedimientos, impuso su voluntad, igual proceden otras autoridades; con la misma lógica proceden ahora las  encargadas de dar curso a las licencias de construcción que se solicitaron durante el tiempo que estuvo vigente la reforma de Petro. No obstante que, se sabe  por elemental, la providencia de la magistrada no está en firme, pues fue objeto de recurso por el abogado   Manuel S. Urueta Ayola y por lo tanto no obliga, los curadores de la ciudad resolvieron, motu proprio, suspender el trámite de las peticiones pendientes, dizque ¡hasta cuando haya claridad acerca del asunto!

La actitud de los curadores, anunciada públicamente, con fotografía en la prensa inclusive, es un típico abuso de autoridad, mínimo; pero aquí no hay procurador Savonarola que se ocupe en exigir el imperio del derecho, porque el derecho en Colombia es coyuntural, depende de los rábulas y los leguleyos, los que aconsejaron a Petro y ahora a los curadores. 

El asunto no es intrascendente, tiene muchos bemoles, en especial el patrocinio de la inseguridad jurídica que reina hoy en el ambiente judicial y, de otra parte,  el perjuicio que se les causa a los ciudadanos que ven interdicto su derecho por la decisión arbitraria de sus autoridades.