El problema de la educación

Para  nadie es un secreto que la educación pública superior en Colombia, principalmente la Ley 30, necesita un replanteamiento, tratando que los jóvenes especialmente de bajos recursos tengan posibilidades de acceder a la educación, y sostiene la Ministra que participativamente se ha construido una propuesta de reforma a la educación superior, donde se busca ampliar la cobertura y mejorar los niveles; de cara a la cual se han presentado una serie de rechazos e inconformidades, producto de una gran desinformación sobre el proyecto propuesto ante el Congreso en días pasados, desconociendo el proceso adelantado con diferentes sectores del país, como el académico, las familias, los núcleos estudiantiles, donde se incorporaron cambios, recomendaciones, críticas y sugerencias antes de su consolidación, depuración y radicación en el Legislativo; por otro lado las comunidades académicas sostienen que la reforma no les fue consultada, como históricamente se ha dado frente a este tipo de coyunturas y reconocen los foros efectuados sobre el tema a más de su participación, pero se duelen de que sus planteamientos de fondo, dirigidos a la estructura de la ley, no fueron tenidos en cuenta.
Las autoridades universitarias afirman que pasados 20 años de puesta en vigencia la Ley 30 no responde a las necesidades de desarrollo del sistema educativo superior en el país y urge atender una serie de problemas estructurales que se han venido presentando en las últimas calendas, particularmente en lo relacionado con el sistema educativo universitario del Estado, y admite, al igual que el sector estudiantil, el debate suscitado por el Ministerio, utilizando una serie de escenarios para debatirlo o consultarlo, pero se quejan por no recoger en la redacción del último documento la serie de observaciones presentadas desde los diferentes sectores académicos y plantean diferencias en cuanto a las autonomías universitarias, esto sin tener en cuenta un sinnúmero de confusiones sobre los contrastes entre universidades, instituciones universitarias e instituciones tecnológicas y técnicas, sumándole a lo anterior el caso omiso del financiamiento a la educación superior.
Todo lo escuchado nos muestra una amplia dificultad para hallar consensos; cada uno de los sectores ha desarrollado su tarea, pero no lograron unanimidad; el sector estudiantil quiere legislar y pretende que sus conceptos sean acatados en totalidad y sin ajustes; el profesorado, representado por los rectores, acepta ser oído pero no escuchado, mostrando su malestar frente a temas para ellos de suma importancia como la autonomía, y el Gobierno tratando de tener a todo el mundo contento, total nada.
Luego vienen las protestas descontroladas, mal dirigidas, con gran dosis de vandalismo, sin que ante el caos respondan los organizadores, como debe ser, quienes sin sonrojarse no responden ante el país por nada de lo sucedido, qué vergüenza.
Por lo menos aplaudamos a nuestra estoica Policía.