Con la llegada de los nuevos gobernadores y alcaldes también arriban a las gobernaciones y alcaldías las gestoras sociales que, de acuerdo con la Corte Constitucional (sentencia C-089A de 1994), no son funcionarias públicas; no cumplen ningún rol institucional, más allá de los actos protocolarios o de beneficencia pública que sus parejas les permitan. Por supuesto, tampoco cogobiernan, aunque ínfulas de hacerlo han mostrado varias en este enero de 2024.

Las primeras damas comenzaron a acercarse a una nueva denominación con Nohra Puyana de Pastrana, quien en 1999 creó la Red de Gestores Sociales con el fin de articular algunas acciones de las cónyuges de los gobernadores; en 2002, cuando Lina Moreno de Uribe recibió el despacho, me encomendó a mí, que era su jefe de gabinete, rediseñar la red con un enfoque de participación social e incluir en ella a cónyuges de alcaldes, así como levantar un mapa de propuestas comunitarias que pudieran ser puestas a discreción de las gestoras.

Lina era adversa a la denominación de primera dama, porque nunca se sintió más que ninguna mujer en Colombia y también por una cuestión filosófica: era consciente de que el asistencialismo que había motivado el trabajo de muchas esposas de presidentes y que había sido muy importante en la génesis de la responsabilidad social, debía trascender hacia una gestión social.

Con Lina debatíamos a diario el alcance y el sentido de muchos términos que se utilizan como si fuesen sinónimos; como filósofas llegamos incluso a adentrarnos en las implicaciones de usar una u otra preposición al hablar del trabajo en la sociedad. Porque si se trabaja “para”, es caridad judeocristiana; si se hace “por,” es solidaridad; pero si se escoge el “con”, es un trabajo participativo, incluyente, cuya dirección sale de la entraña de la comunidad. Ella prefirió el “con” y fue esta preposición la que le dio sentido a su quehacer, permitiéndole abordar cada tema desde una perspectiva de derechos y de deberes.

Lina tampoco duplicó acciones ni les quitó juego a los funcionarios que debían materializar las políticas sociales; por ello en 2003, mediante el decreto 519, crearon la Consejería Presidencial de Programas Especiales con la finalidad de apoyar al gobierno nacional en sus objetivos y la Red de Gestores Sociales se incorporó como uno de sus programas, enmarcado en el área de movilización social.

Son caminos andados. Así como ha habido esposas de gobernantes que cargando a cuestas el título de primeras damas trascendieron y legaron obras que hoy permanecen, como Cecilia de la Fuente de Lleras y el Instituto de Bienestar Familiar o Ana Milena Muñoz de Gaviria con la Fundación Batuta y Colfuturo, otras han sido tentadas al brillo fatuo de los reflectores y de los seguidores de Instagram. Sobre todo, en territorio: gobernaciones y alcaldías.

No es sano para los gobernantes tener un gestor social con injerencia en las actividades que son propias de los servidores públicos o peor, creyendo que los secretarios de despacho son fichas de su oficina. El papel que cumplen es de carácter particular en relación con la función pública; puede acompañar al gobernador o al alcalde en actividades de temas cruciales para el desarrollo de proyectos y programas sociales, si es preciso.

Pero las políticas sociales son del resorte de los gobernantes.